Texas Tribune.
Alrededor de 750 nuevas leyes están a punto de entrar en vigor en Texas y están destinadas a traer cambios radicales a los sistemas educativos del estado, la infraestructura del agua y más.
El gobernador Greg Abbott firmó 1155 proyectos de ley surgidos del periodo de sesiones legislativas ordinario, incluyendo más de 200 leyes que entraron en vigor de inmediato, como la prohibición de teléfonos celulares en las escuelas , la aclaración sobre la prohibición del aborto , la reducción del impuesto predial y una mayor supervisión de la red eléctrica. Mientras tanto, algunos proyectos de ley no entrarán en vigor hasta el próximo año o hasta que los votantes aprueben enmiendas constitucionales en noviembre, como políticas de fianza más estrictas y un fondo de investigación sobre la demencia de 3000 millones de dólares . Sin embargo, la mayoría entrará en vigor el 1 de septiembre, la fecha tradicional para las leyes aprobadas durante el periodo de sesiones ordinario.
A continuación se presentan algunas medidas notables que pronto entrarán en vigor:
El Proyecto de Ley 1 del Senado establece el nuevo plan de gastos bienal del estado, de $338 mil millones, con más del 70% del presupuesto reservado para educación, salud y servicios humanos. Entre los aspectos más destacados se incluyen gastos para mantener y aplicar recortes en el impuesto predial, un nuevo programa de vales escolares, financiación adicional para las escuelas públicas, así como inversiones en la infraestructura estatal de energía, agua y banda ancha.
El plan también incluyó inicialmente una medida de 60 millones de dólares que habría permitido a Texas ingresar a un programa federal de almuerzos de verano para niños de bajos ingresos, pero Abbott lo vetó debido a una “incertidumbre significativa con respecto a las tasas de contrapartida federales para este y otros programas similares”.
El Proyecto de Ley Senatorial 2 creará uno de los programas de vales escolares más grandes del país, que permitirá a los padres pagar la matrícula de sus hijos en escuelas privadas acreditadas u otros gastos educativos con fondos públicos. En la mayoría de los casos, cada niño recibirá poco más de $10,000 al año, aunque los estudiantes con discapacidades podrían recibir hasta $30,000 adicionales. Las familias con mayores recursos con hijos que ya asisten a escuelas privadas también podrían participar.
Texas puede gastar hasta mil millones de dólares durante su próximo ciclo presupuestario de dos años, aunque el costo del programa podría aumentar significativamente después.
La aprobación de la ley se produjo tras años de disputa entre los legisladores republicanos, quienes argumentaron que el tema implicaba brindar opciones escolares a los padres, y los demócratas y republicanos rurales, quienes afirmaban que los vales escolares perjudicarían a las escuelas públicas. Abbott apoyó con fuerza la iniciativa de elegir a más republicanos a favor de los vales escolares y lo logró el año pasado. La SB 2 entra en vigor el 1 de septiembre, pero no se espera que el programa de vales escolares se lance hasta el año escolar 2026-27.
El Proyecto de Ley 2 de la Cámara de Representantes proporcionará aproximadamente $8.5 mil millones en fondos nuevos a las escuelas públicas, a medida que los distritos de todo el estado enfrentan desafíos persistentes tras años de estancamiento en la financiación. De este fondo, más de $4 mil millones se destinarán a aumentar el salario de los educadores. Los fondos adicionales también se utilizarán para la preparación de educadores, la educación especial, los requisitos de seguridad y el aprendizaje en la primera infancia.
El Proyecto de Ley Senatorial 10 exigirá la exhibición visible de los Diez Mandamientos en carteles donados de al menos 40 x 50 cm en las aulas de las escuelas públicas, a las que asisten alrededor de 5,5 millones de estudiantes en Texas. Si bien quienes apoyan la ley afirman que las enseñanzas cristianas son importantes para comprender la historia estadounidense, quienes la critican afirman que esta ley socava la separación de la Iglesia y el Estado. Dichas leyes ya han enfrentado impugnaciones legales en Texas y otros estados. Entre ellas, se incluye un fallo del 20 de agosto del juez federal de distrito Fred Biery, que bloquea temporalmente la entrada en vigor de la medida en casi una docena de distritos escolares, entre ellos Austin, Houston y Plano.
“Es probable que este asunto llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos”, declaró Biery antes de las declaraciones iniciales del caso en San Antonio. Se espera que Texas apele su fallo.
El Proyecto de Ley Senatorial 12 extenderá la prohibición de las políticas de diversidad, equidad e inclusión a las escuelas primarias y secundarias. En particular, prohibirá a los distritos escolares considerar la raza, la etnia, la identidad de género o la orientación sexual en las decisiones de contratación. También prohibirá a las escuelas ofrecer instrucciones, programas y orientación centrados en la orientación sexual o la identidad de género, incluyendo el patrocinio de clubes estudiantiles como la Alianza de Género y Sexualidad. Quienes apoyan la ley afirman que esta otorga a los padres mayor control sobre la educación de sus hijos, mientras que quienes la critican afirman que se dirige y censura a grupos marginados, como el alumnado LGBTQ+. Algunos grupos de derechos civiles, como la ACLU de Texas, han prometido impugnar la ley en los tribunales.
El Proyecto de Ley Senatorial 13 otorgará a los padres y a las juntas escolares mayor poder sobre el acceso de los estudiantes a las bibliotecas escolares públicas. Estas juntas también podrán delegar este proceso de supervisión si 50 padres del mismo distrito firman una petición para la creación de un consejo asesor escolar local. Quienes apoyan la ley afirman que protegerá a los estudiantes de contenido inapropiado y dará a los padres mayor control sobre el consumo de sus hijos, mientras que quienes la critican afirman que provocará una mayor censura de ciertos temas como el género y la raza. Texas ya se encontraba entre los estados con mayor número de prohibiciones de libros en los últimos años, según PEN America.
El Proyecto de Ley Senatorial 37 otorgará a los regentes designados políticamente mayor poder sobre las universidades públicas, incluyendo mayor participación en la contratación de administradores, así como en algunas responsabilidades que tradicionalmente recaían en el profesorado. También creará una oficina que podrá investigar a las universidades por incumplimiento de las leyes estatales, como las relacionadas con las iniciativas de DEI. Quienes apoyan la ley afirman que es necesaria para abordar lo que consideran un sesgo liberal en las universidades y alinearlas mejor con las demandas de la fuerza laboral de Texas. Sin embargo, quienes se oponen a ella afirman que la ley amenazará la libertad académica y socavará la investigación.
El Proyecto de Ley 33 de la Cámara de Representantes , presentado por el representante estatal republicano Don McLaughlin , quien fue alcalde durante el tiroteo en la escuela de Uvalde, exigirá a las fuerzas del orden público de Texas que establezcan políticas de respuesta a crisis. Entre varios cambios, la ley obligará a los distritos escolares y a las fuerzas del orden locales a reunirse anualmente para evaluar sus planes, recursos y capacidades de operaciones de emergencia. Exigirá a las fuerzas del orden público y a los proveedores de servicios médicos de emergencia que completen programas de capacitación sobre cómo responder ante tiradores activos en escuelas primarias y secundarias. Además, tras un tiroteo, estos equipos de respuesta también deberán presentar un informe detallando y evaluando sus acciones en un plazo de varios meses para facilitar un acceso público más rápido a la información.
El Proyecto de Ley Senatorial 7 creará un marco para financiar proyectos hídricos a través de la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas y supervisarlos, en el marco de un amplio esfuerzo para abordar la inminente crisis hídrica del estado. Ciertas secciones de la ley entrarían en vigor en septiembre de 2027, si los votantes aprueban la enmienda constitucional descrita en la Resolución Conjunta 7 de la Cámara de Representantes en noviembre. De ser aprobada, esta medida electoral asignaría mil millones de dólares anuales de los ingresos del impuesto sobre las ventas y el uso del estado al Fondo del Agua de Texas entre 2027 y 2047.
El Proyecto de Ley Senatorial 15 , que recibió apoyo mixto de ambos partidos, permitirá que ciertas viviendas unifamiliares se construyan en lotes más pequeños. En particular, la ley prohibirá a las grandes ciudades exigir que estas viviendas se ubiquen en más de 3000 pies cuadrados de terreno, si se construyen en una nueva subdivisión que tenga al menos cinco acres de tamaño. Esto es una reducción de los 5000 a 7500 pies cuadrados de terreno que se requieren comúnmente en las ciudades más grandes de Texas, excepto Houston, según un análisis del Texas Tribune . Si bien algunos legisladores se mostraron cautelosos a la hora de interferir en el control local sobre el tema, los partidarios dijeron que el cambio permitirá a las ciudades construir más viviendas y mantener bajos los costos.
El Proyecto de Ley Senatorial 17 prohibirá a gobiernos, empresas e individuos que residan legalmente en China, Corea del Norte, Rusia e Irán poseer tierras y propiedades en Texas. El gobernador también tiene la autoridad para añadir países o entidades a la lista. La prohibición no aplica a ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes. Quienes apoyan la ley argumentan que busca proteger los recursos y la seguridad nacional de naciones hostiles, mientras que quienes la critican afirman que es discriminatoria y que conducirá a la discriminación racial.
El Proyecto de Ley 33 del Senado prohibirá a las ciudades o condados usar sus fondos para apoyar a residentes que buscan abortos fuera de Texas. Esta ley surgió tras la asignación de $400,000 por parte del Ayuntamiento de Austin el año pasado para ayudar a estas personas, lo que provocó demandas del Fiscal General Ken Paxton y un exconcejal. El Ayuntamiento de San Antonio también asignó $500,000 para un fondo de justicia reproductiva en 2023, aunque finalmente no se utilizó para iniciativas relacionadas con el aborto tras una demanda privada y un amplio debate. Posteriormente, en abril, aprobó $100,000 para viajes relacionados con el aborto, que se bloquearon temporalmente tras la demanda de Paxton.
El Proyecto de Ley 46 de la Cámara de Representantes ampliará el programa estatal de marihuana medicinal para incluir a pacientes con dolor crónico, traumatismo craneoencefálico y enfermedad de Crohn. Los médicos también podrán recetar inhalación mediante productos vaporizados y en aerosol, como los vapeadores. Esta ampliación entrará en vigor mientras la Legislatura de Texas considera si regular o prohibir los productos con THC derivados del cáñamo.
El Proyecto de Ley 229 de la Cámara de Representantes definirá a hombre y mujer con base en los sistemas reproductivos biológicos y aplicará dicha definición en todo el código estatal. Las entidades gubernamentales que recopilan información de estadísticas vitales también deberán usarla. Quienes apoyan la ley afirman que esto es necesario para proteger los derechos de las mujeres y alinearse con las órdenes ejecutivas que declaran que solo hay dos sexos. Los críticos afirman que la ley borra a las personas trans de los registros estatales en Texas, hogar de una de las comunidades trans más grandes del país.
El Proyecto de Ley Senatorial 835 , titulado “Ley de Trey”, prohibirá y anulará el uso de acuerdos de confidencialidad en casos de agresión sexual y trata de personas. El nombre de la ley rinde homenaje a Trey Carlock, quien firmó un acuerdo de confidencialidad tras sufrir abusos infantiles a manos de un monitor de campamento. Se suicidó en 2019. Su hermana, Elizabeth Carlock Phillips, testificó a favor de la legislación.
