Tribuna de Texas.
Un juez de distrito de Austin ordenó el lunes que se restablecieran temporalmente las normas del Programa para Empresas Históricamente Subutilizadas del estado, lo que significa que los propietarios de negocios pertenecientes a mujeres y minorías pueden volver a optar al programa HUB del estado por el momento.
Cuatro empresarios y una asociación comercial demandaron al estado de Texas y a la contralora interina Kelly Hancock el 2 de marzo por las normas de emergencia de la agencia que excluyeron a mujeres y minorías del programa HUB y les retiraron la certificación HUB a sus empresas. El juez ordenó la readmisión de seis empresas que demandaron a la oficina de la Contraloría por las normas de emergencia —dos de ellas se unieron después de que se presentara la demanda— y, además, ordenó a las agencias estatales que informen a las empresas HUB que han perdido su certificación desde diciembre sobre el fallo judicial.
La oficina de Hancock impuso los cambios al programa el 2 de diciembre. No está claro cómo la Contraloría reanudará el programa en su estado anterior ni si las empresas que antes contaban con la certificación HUB deberán volver a solicitarla. La Contraloría no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada el martes.
El programa HUB se creó mediante legislación bipartidista durante la década de 1990 para dar ventaja a las empresas propiedad de minorías y mujeres al solicitar contratos estatales. El programa no establece cuotas para el número de empresas certificadas como HUB, sino que fija objetivos que las agencias estatales generalmente se esfuerzan por alcanzar.
Entre los demandantes se encuentran las empresas constructoras Ipsum General Contractors, LLC y Houston Construction Services, con sede en Houston; el distribuidor de tecnología médica Mpulse Healthcare & Technology LLC, con sede en Sugar Land; la empresa de restauración Williams Professional Water Restoration Service LLC, con sede en Burleson; y la sección del área metropolitana de Houston de la Asociación Nacional de Contratistas Minoritarios, una asociación comercial sin fines de lucro que representa a 155 contratistas propiedad de minorías y mujeres.
Además de Hancock, la demanda también nombra al director ejecutivo del Departamento de Transporte de Texas, Marc Williams, a la comisionada ejecutiva de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, Stephanie Muth, y al director ejecutivo de la Comisión de Instalaciones de Texas, Will McKerall, cuyos departamentos implementaron los cambios de Hancock en el programa HUB.
La jueza de distrito del condado de Travis, Amy Meachum, fijó la fecha del juicio para el 9 de noviembre.
Antecedentes: Según la Oficina del Contralor, las empresas HUB recibieron 3634 contratos por un total de más de 4000 millones de dólares en 2024. El año pasado, los republicanos de la Legislatura estatal presentaron varios proyectos de ley destinados a eliminar por completo el programa HUB, pero la legislación fracasó en ambas cámaras.
En octubre, Hancock anunció que su oficina no emitiría certificaciones nuevas ni renovadas mientras se revisaba el programa. Su decisión lo catapultó al debate nacional sobre las iniciativas gubernamentales centradas en la diversidad, la equidad y la inclusión. En diciembre, la oficina del contralor invocó poderes de emergencia para reestructurar el programa, excluyendo a todas las empresas propiedad de mujeres y minorías y limitando la elegibilidad únicamente a los propietarios de negocios veteranos con discapacidad.
“Las empresas merecen igualdad de condiciones, donde los contratos gubernamentales se obtengan en función del rendimiento y la mejor relación calidad-precio, no de cuotas raciales o de sexo”, escribió Hancock, quien se postula en unas reñidas primarias republicanas para el cargo de contralor, en las redes sociales en aquel momento.
Ese cambio redujo el programa de más de 15.000 participantes a poco menos de 500. Los propietarios de negocios certificados por HUB dijeron en ese momento que el cambio corría el riesgo de socavar su estrategia comercial y perjudicaría sus ganancias.
El senador estatal Royce West, demócrata de Dallas y coautor del proyecto de ley de 1999 que codificó el programa en la legislación estatal, afirmó que la Legislatura, y no el contralor, es la facultada para modificar el programa.
“La Legislatura votó. La respuesta fue no”, dijo West. “El Contralor no puede anular esa decisión solo porque no esté de acuerdo con ella; esa no es su función según la Constitución de Texas, y estos empresarios merecen que ese principio se respete en los tribunales”.
Esta es la primera demanda que impugna los cambios introducidos por Hancock en el programa.
Motivo de la demanda: Durante una rueda de prensa en Austin en marzo, donde se anunció la demanda, los propietarios de las empresas declararon que demandaban porque todos perdieron contratos gubernamentales después de que Hancock les retirara la certificación HUB en diciembre.
«En este país, la legislatura aprueba las leyes, no el interventor, y Texas no es la excepción», escribió Alphonso David, presidente y director ejecutivo del Foro Económico Negro Global y abogado principal de los demandantes, en un comunicado. «El caso HUB pone de relieve un principio fundamental estadounidense: los miembros del poder ejecutivo no pueden reescribir las leyes aprobadas por la legislatura estatal. No pueden negar a los ciudadanos sus derechos legales sin una orden judicial, la aprobación legislativa o el debido proceso».
“El interventor Hancock tomó un programa creado por ley y lo modificó sin ninguna autoridad legal. Sus acciones son infundadas e ilegales y deben ser revocadas.”
En última instancia, las empresas pretenden que el tribunal restablezca el programa a su forma original, argumentando que Hancock se extralimitó en sus funciones legales, las privó de contratos estatales sin el debido proceso y violó la Constitución de Texas.
Ruben Mercado Jr., fundador de Ipsum General Contractors, dijo que un contrato para el que estaba redactando una oferta de 1 millón de dólares fue retirado después de que Hancock reestructurara el programa en diciembre.
Wendell Stamley, presidente de la Asociación Nacional de Contratistas Minoritarios, dijo que sus miembros en Texas han visto cómo se cancelaban contratos gubernamentales y cómo trabajos que esperaban volvían inesperadamente a someterse a licitación pública.
Lo que dijeron los funcionarios estatales: La oficina del contralor no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la orden judicial otorgada el lunes. En una declaración de marzo, Hancock defendió los cambios en HUB haciendo referencia a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 2023 que puso fin a la acción afirmativa en las admisiones universitarias y a una orden ejecutiva de 2025 del gobernador Greg Abbott que prohibió las políticas de DEI en las agencias de Texas.
“Todas las empresas de Texas tienen las mismas posibilidades de competir por contratos estatales, independientemente de su raza o género”, escribió Hancock. “A través de la Lista Centralizada de Licitadores, el sistema principal que utilizan las agencias para notificar a los proveedores sobre las oportunidades de licitación, cualquier empresa que cumpla con los requisitos puede registrarse y competir. Texas seguirá ampliando las oportunidades para las pequeñas empresas en todo el estado de la manera correcta: basada en la equidad, la igualdad de trato y la Constitución”.
