Texas Tribune.
Las agencias estatales no deberían respetar las órdenes judiciales de cambiar el sexo en la licencia de conducir o el certificado de nacimiento de una persona, según una opinión presentada el viernes por el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
También dijo que las agencias estatales deberían corregir retroactivamente cualquier cambio que hayan realizado en las licencias de conducir o certificados de nacimiento a lo largo de los años basándose en estas órdenes judiciales.
Como fiscal general, Paxton no tiene la autoridad para decirle a otras agencias estatales qué hacer, pero esta opinión podría ser citada en futuras acciones ejecutivas o legislativas.
Durante décadas, las agencias estatales han aceptado órdenes judiciales certificadas para modificar el sexo de una persona en documentos emitidos por el gobierno. El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas aceptó órdenes judiciales para cambiar el sexo de una persona en su certificado de nacimiento, y el Departamento de Seguridad Pública de Texas permitió cambios en las licencias de conducir si se presentaba un certificado de nacimiento modificado o un registro judicial.
Eso se detuvo en agosto, al menos para el DPS, y la agencia solicitó a la oficina de Paxton una opinión oficial en septiembre.
Ian Pittman, un abogado que representa a los tejanos transgénero, dijo que el hallazgo reciente de Paxton no fue una sorpresa.
“Pretende ordenar cosas que no tiene autoridad para hacer”, dijo Pittman. “Es carnada para la base, pero no cambia nada legalmente”.
Pero si la historia sirve de guía, la última maniobra de Paxton podría derivar en cambios reales. En 2022, Paxton emitió una opinión similar, concluyendo que brindar atención que reafirme el género a un niño podría considerarse abuso infantil según la ley de Texas. Abbott, citando dicha opinión, emitió una orden ejecutiva que ordenaba a las agencias estatales de bienestar infantil investigar a los padres de niños trans.
La Corte Suprema de Texas finalmente dictaminó que Abbott y Paxton se habían extralimitado, pero permitió que las investigaciones continuaran.
“Está bien establecido que una opinión del Fiscal General que interprete la ley no puede alterar las obligaciones legales preexistentes de las agencias estatales o de los ciudadanos privados”, escribió en el fallo el juez Jimmy Blacklock, actual presidente del Tribunal Supremo.
Pittman dijo que él y sus clientes están preparados para que Abbott emita una orden que requiera que las agencias estatales cumplan con la opinión de Paxton, o para que la Legislatura apruebe uno de varios proyectos de ley presentados en esta sesión que restringirían aún más a las personas trans cambiar sus marcadores de género en los documentos gubernamentales.
“Esto nos demuestra lo que ya sabíamos: si tienen la capacidad, o creen tenerla, intentarán hacerlo”, dijo. “Pero la inercia burocrática podría favorecer a las personas afectadas”.
Dijo que no estaba claro qué tan fácil sería para el DSHS o el DPS identificar y cambiar retroactivamente esos registros si se les ordenara hacerlo, aunque señaló que podría surgir cuando las personas tengan que renovar sus licencias de conducir.
DPS y DSHS están revisando la orden y no hicieron más comentarios, dijeron el viernes portavoces de las agencias.
En enero, Abbott emitió una orden ejecutiva diciendo que Texas reconocería solo dos sexos, masculino y femenino, y ordenó a todas las agencias estatales cumplir con ese marco.
“Solo hay dos sexos, y eso no lo determinan los sentimientos ni la ‘teoría del género’, sino la biología en el momento de la concepción”, declaró Paxton el viernes sobre su fallo. “Los jueces de izquierda radical no tienen jurisdicción para ordenar a las agencias que violen la ley ni la autoridad para invalidar la realidad”.
El director ejecutivo interino de Equality Texas, Brad Pritchett, dijo en una declaración que si las agencias cumplen, pondrían en peligro la seguridad de casi 100.000 tejanos trans.
“La comunidad trans en Texas está asustada”, dijo. “Quienes están en proceso de actualizar sus documentos intentan cumplir con la ley al tener una identificación que se ajuste a su forma de vida y de moverse por el mundo. Ahora, los tejanos respetuosos de la ley se ven socavados por el principal abogado del estado, que ataca la validez de las órdenes judiciales de los jueces estatales”.
La opinión de Paxton se centra en el hecho de que las agencias estatales no son parte de estos documentos judiciales, pero se espera que cumplan con los resultados. Así han gestionado los tribunales este tipo de cambios administrativos desde hace tiempo, y alterar ese precedente podría tener consecuencias imprevistas, afirmó Pittman.
Como abogado de derecho familiar especializado en adopciones, comentó que es habitual obtener una orden judicial para cambiar el certificado de nacimiento de un niño a fin de que refleje los nombres de los padres adoptivos. Nunca antes había tenido que mencionar al DSHS en esos documentos, pero esta opinión implica que podría ser necesario en el futuro, añadió.
“No estoy seguro de que la oficina de Paxton haya pensado en eso”, dijo.
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