La Opinión.
La revelación del funcionario se dio en una entrevista con CBS News, con el periodista Camilo Montoya-Galvez.
No hay precisión sobre cómo sería un proyecto de regularización de inmigrantes sin papeles, a quiénes beneficiaría ni bajo qué condiciones, ya que desde su primer mandato, el presidente Trump ha estado en contra de programas de protección temporal.
Sin embargo, el presidente Trump ha reconocido que sus operaciones migratorias contra indocumentados han impactado sectores clave para la economía de Estados Unidos, como la agricultura, lo que desató presiones de agricultores.
“Quiero trabajar con ellos”, dijo en agosto de 2025 en una entrevista en NBC News. “No podemos permitir que nuestros agricultores se queden sin nadie. Estas personas son muy difíciles de reemplazar. La gente que vive en zonas urbanas deprimidas no hace ese trabajo. Simplemente no lo hace. Y lo han intentado, lo hemos intentado. Todos lo han intentado. No lo hacen. Estas personas lo hacen de forma natural”.
Esa presión ocurrió desde inicios de 2025, cuando la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apoyada por la Patrulla Fronteriza, que depende de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), iniciaron operativos con detenciones masivas que se extendieron hacia California, Florida, Illinois, Georgia, Tennessee, Texas, Minnesota, además de Nueva Jersey y Nueva York, afectando a trabajadores agrícolas y de otras industrias, como la construcción.
“Es intuitivo para mis compañeros agricultores saber también que esta torpe acción de aplicación de la ley de inmigración por parte de esta administración solo agrega una capa más de incertidumbre al entorno creado por la debacle arancelaria, la falta de nuevos acuerdos comerciales reales para comercializar mi maíz y soya y el continuo aumento en el costo de los insumos para hacer negocios en la granja”, lamentó Chris Gibbs, presidente de Rural Voice USA y Rural Voices Network, en una conferencia virtual en agosto pasado.
La Ley Dignidad.
Si el presidente Trump quisiera impulsar una regularización de inmigrantes a través del Congreso, el único proyecto bipartidista es la llamada Ley Dignidad, presentada por la representante María Elvira Salazar (Florida), copatrocinada por el demócrata Tom Suozzi (Nueva York), pero que entre los otros 38 congresistas que la respaldan incluye al presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat (Nueva York).
El proyecto, sin embargo, no ha logrado avanzar en el Congreso y en una conferencia realizada en Nueva York, a pregunta expresa de este diario, la congresista Salazar reconoció que el proyecto podría realmente avanzar si Trump se integrara al mismo.
“Los siguientes pasos son básicamente que el presidente [Donald] Trump entienda que esta es una legislación que necesitamos y que esto se de la luz verde para que el Congreso federal sepa que una vez que nosotros pasemos esta legislación, él la va a firmar”, reconoció Salazar.
Se preguntó a la oficina de la congresista si ella ha sido integrada a las conversaciones reveladas por Homan, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
Aunque el proyecto Ley Dignidad tiene respaldo de algunas organizaciones civiles, como American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action), hay otras que critican el plan por las condicionantes.
El proyecto establece que los indocumentados que demuestren que han vivido en Estados Unidos al menos cinco años y no tienen historial criminal podrían ser beneficiados.
Tras aprobar la revisión de seguridad correspondiente y otros criterios, el inmigrante debería pagar $7,000 dólares, para obtener una protección legal temporal con un permiso de trabajo, además de tener un impuesto adicional del 1% sobre la renta sin beneficios federales, para luego solicitar una Green Card.
La guerra de Trump contra protecciones temporales.
En su primer mandato de gobierno, Trump impulsó el fin de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero la Corte Suprema retornó el caso a tribunales menores, donde ha seguido varios litigios. Actualmente, aunque DACA sigue operando, la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha retrasado renovaciones, aumentando el riesgo de ‘Dreamers’ a ser detenidos y deportados.
En su segundo mandatario, el republicano ha terminado con protecciones provisionales a la deportación de inmigrantes, incluida la visa humanitaria para originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Además, también el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de varios países y la Corte Suprema podría decidir contra la protección para gente de Haití y Siria, aunque esa determinación podría afectar a 1.3 millones de personas bajo esa política que protege a gente de 17 países.
Desde el inicio de su gobierno, Trump también canceló el programa CBP One, que permitía a extranjeros hacer citas para obtener una protección temporal, bajo el patrocinio de algún familia o amigo, y tras revisiones de seguridad, aunque el programa no otorgaba un estatus de estancia permanente, permitía el ingreso legal de ciertas personas.
