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Un juez federal ha autorizado al Departamento de Seguridad Nacional a seguir adelante, por ahora, con sus planes para construir un muro fronterizo a través de un sistema de diques que protege a un pequeño pueblo de Texas en la frontera con México, rechazando los argumentos del pueblo de que el muro podría provocar inundaciones.
La decisión tomada el domingo por la noche representa una victoria para la administración Trump, que avanza a pasos agigantados en sus esfuerzos por construir un muro de 46 mil millones de dólares a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México.
El pueblo de Presidio, con una población de aproximadamente 3200 habitantes, argumentó que el muro podría provocar inundaciones y que la administración no está cumpliendo la ley al apresurar sus planes. El distrito de desarrollo del pueblo presentó una demanda a principios de este año para impedir que el departamento siguiera adelante con la construcción.
Pero el juez afirmó en su fallo del domingo que era improbable que tuvieran éxito en cuanto al fondo del asunto.
“Por las razones expuestas, a pesar de las comprensibles preocupaciones expresadas por el demandante con respecto a los daños que él y sus residentes podrían sufrir por la posible construcción del Muro Inteligente, el Tribunal se ve obligado a denegar la solicitud de suspensión del demandante”, escribió el juez Reggie B. Walton.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha impulsado su plan de construcción del muro, y altos funcionarios de la administración afirman que la primera capa de la estructura estará terminada el próximo año. En este empeño, el Secretario de Seguridad Nacional ha eximido del cumplimiento de numerosas regulaciones destinadas a proteger el medio ambiente, la vida silvestre, los sitios arqueológicos y los yacimientos indígenas.
Sin embargo, el departamento se ha topado con la oposición de terratenientes, grupos ecologistas, tribus nativas americanas y otros que argumentan que la rápida construcción del gobierno pone en peligro sitios ambientales y religiosos, así como el modo de vida de las comunidades fronterizas. Los opositores también cuestionan la urgencia de terminar el muro cuando los cruces de migrantes desde México ya se encuentran en mínimos históricos.
Los abogados del distrito de desarrollo de Presidio argumentaron en una audiencia judicial que los planes del gobierno podrían comprometer el sistema de diques que protege a la ciudad de las inundaciones repentinas y que el gobierno incumplió una ley clave que le exige solicitar permiso al Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de construir sobre o cerca de los diques.
“Estamos muy decepcionados de que el tribunal permita que continúe esta construcción potencialmente desastrosa, pero mantenemos nuestro compromiso de proteger la zona de Big Bend y a quienes dependen de los diques amenazados”, declaró el distrito de desarrollo de la ciudad en un comunicado el lunes.
Presidio está protegido por una serie de terraplenes y diques construidos en las décadas de 1970 y 1980 a lo largo del Río Grande y sus afluentes para combatir las inundaciones.
En documentos judiciales, el distrito de desarrollo de Presidio afirmó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza planea “reemplazar la pendiente de tierra del dique existente con un muro de concreto, con paneles de bolardos de acero de 9 metros instalados en la parte superior”. El distrito indicó que solicitó más detalles a la agencia, pero se le informó que no podían compartirse debido a “seguridad nacional”.
El gobierno ha argumentado que no existe un plan definitivo sobre la ubicación ni la forma de construcción del muro fronterizo. Asimismo, la administración ha sostenido que cuenta con la autoridad otorgada por el Congreso para eximir de numerosas regulaciones la construcción del muro, con el objetivo de reducir a cero el número de personas que cruzan la frontera diariamente.
En su fallo, el juez reforzó ese argumento, afirmando que era evidente “que el Congreso no tenía la intención de limitar la autoridad del Secretario del DHS para conceder exenciones”.
El gobierno también se enfrenta a otra demanda en Texas, donde un grupo ecologista y un grupo de preservación de iglesias se han unido para oponerse a los planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
