La Opinnión.
La Corte Suprema aceptó revisar una de las principales disputas legales sobre la política migratoria de la administración de Donald Trump: si el gobierno puede mantener detenidos a ciertos inmigrantes sin permitirles una audiencia para solicitar libertad bajo fianza mientras sus casos de deportación siguen en los tribunales.
La decisión de los magistrados anunció este jueves que pondrá nuevamente ante el máximo tribunal una política que ya ha provocado una batalla entre la administración y varias cortes federales. De acuerdo con AP el caso determinará si personas que llevan años viviendo en Estados Unidos pueden ser sometidas a detención obligatoria después de ser arrestadas por las autoridades migratorias.
El caso que llegará ante los magistrados.
El expediente corresponde a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, ciudadano brasileño que ingresó a Estados Unidos sin autorización alrededor de 2005 y posteriormente solicitó asilo. En 2025 fue detenido por las autoridades migratorias y un juez determinó que debía permanecer bajo custodia sin una audiencia de fianza.
Según el expediente oficial de la Corte Suprema, Cunha había vivido en Estados Unidos durante años y contaba con un permiso de trabajo. Sus abogados sostuvieron además que no tenía antecedentes penales. El gobierno, por su parte, argumenta que la ley migratoria permite la detención obligatoria mientras avanza el proceso de deportación.
El caso es especialmente relevante porque las cortes federales de apelaciones han llegado a conclusiones diferentes. La agencia señala que la mayoría de los circuitos que han analizado la política la han rechazado, mientras que los circuitos 5.º y 8.º han respaldado la interpretación del gobierno.
Una disputa que afecta a miles de inmigrantes.
La administración Trump sostiene que su interpretación se basa en una disposición de una ley migratoria de 1996. Bajo esta lectura, determinados inmigrantes que fueron detenidos por ICE podrían quedar sujetos a detención obligatoria sin pasar por una audiencia en la que un juez evalúe si pueden ser liberados bajo fianza.
La ACLU, que participa en litigios contra la política, sostiene que el cambio afecta potencialmente a millones de personas y que durante décadas quienes se encontraban en procesos de deportación podían solicitar una audiencia de fianza en determinadas circunstancias. En septiembre, la organización informó que el Cuarto Circuito se convirtió en el noveno tribunal federal de apelaciones en rechazar la política.
Los abogados del gobierno han advertido que las decisiones contradictorias de los tribunales están creando un sistema desigual, en el que las posibilidades de obtener una audiencia dependen del circuito federal donde se encuentre detenido cada inmigrante.
Ahora la Corte Suprema tendrá que resolver esa división. El caso está previsto para ser analizado durante el nuevo periodo del tribunal, aunque los magistrados todavía no han emitido una decisión definitiva sobre la legalidad de la política.
