El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó este lunes la ley que permite a la policía detener a los migrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país.
El mandatario aseguró que las tres leyes hoy firmadas servirán “para proteger a Texas y Estados Unidos de la negligencia de Biden en la frontera“.
Las otras dos leyes buscan financiar la construcción de un muro fronterizo e incrementar las penas contra el tráfico de personas.
Opositores han calificado la medida como el intento más drástico por parte de un estado de controlar la migración desde la ley de Arizona de 2010, que fue en gran medida anulada por la Corte Suprema federal. También es previsible que la ley de Texas sea rápidamente impugnada en los tribunales.
La aplicación de las leyes de migración es competencia federal. Pero los republicanos de Texas han probado esos límites con cada vez más intensidad durante la presidencia de Joe Biden, y alegan que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para impedir que la gente entre ilegalmente en el país.
Texas ha enviado a más de 65 mil migrantes a otras ciudades del país y ha instalado alambre de púas en las orillas del río Bravo, mismo que ha causado lesiones a algunos solicitantes de asilo.
La nueva ley firmada por Abbott permite a cualquier policía de Texas detener a personas sospechosas de haber entrado ilegalmente en el país. Una vez detenidas, podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesadas por un delito menor de entrada ilegal. Los migrantes que no acaten la orden podrían ser detenidos de nuevo por delitos graves.
Expertos jurídicos han calificado la medida como una violación de las competencias del gobierno federal en materia de migración. El gobierno de México también rechazó la medida. En Estados Unidos, algunos grupos de defensa de los derechos de los migrantes han arremetido contra Biden por no haber frenado antes las agresivas medidas fronterizas de Texas.
Treinta exjueces de migración de Estados Unidos, que trabajaron tanto en gobiernos republicanos como demócratas, firmaron este mes una carta en la que condenan la medida por considerarla inconstitucional.
“Esta medida, que sin duda provocará separaciones masivas de familias, debe ser anulada”, dijo Priscilla Olivarez, abogada y estratega del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes con sede en San Antonio.
Con información de AP
