Como es de su conocimiento, el gobernador del Estado de Texas firmó en el mes de mayo de 2017 una polémica ley que previamente había sido aprobada por el Congreso del estado en Austin, conocida por el número asignado en dicho órgano legislativo, como la ley del Senado 4 (SB4).
En resumen, dicha ley, entre otras cosas, obliga a las autoridades locales a cooperar con las autoridades migratorias federales y, en particular, requiere que las cárceles del estado y los condados cumplan con las solicitudes de detención migratoria de ICE. Además, autoriza expresamente a la policía – incluyendo la policía universitaria – a preguntar por el estatus migratorio de una persona durante una detención o arresto.
La SB4, que debía entrar en vigor en septiembre de 2017, generó gran temor e incertidumbre entre las comunidades hispanas en Texas. Se teme que aplicar esa ley pondrá en peligro a las personas sin documentos, que disminuirá notablemente la confianza de la población en las autoridades policíacas y que inhibirá la denuncia de crímenes por el miedo que las víctimas o testigos de estos sienten. Se tiene miedo, además, que ocurran detenciones en grupo y actos en los cuáles la autoridad estaría seleccionando, por su perfil, a quienes por su apariencia parezcan sin papeles.
Por otra parte, entre algunas agencias estatales, también surgieron preocupaciones ya que la ley les distancia de la población. Incluso, los alguaciles de los condados de Travis, Dallas, Harris, Bexar y El Paso, junto con jefes de policía de Dallas, Houston, Austin, Arlington, Fort Worth y San Antonio pidieron en su momento a la legislatura, que no aprobara la ley, pero los congresistas, bajo gran presión del ejecutivo estatal, la impulsaron y siguieron adelante hasta que la misma se publicó en la fecha ya señalada.
Demandas.
Como resultado de lo anterior y ante la firma del Gobernador Abbot, siguieron diversas acciones legales por parte de distintas ciudades y condados de Texas, mismas que fueron consolidadas por el juez de distrito Orlando García en un solo caso. Las demandas fueron ingresadas bajo el nombre de la ciudad de El Cenizo, que fue la primera en interponer una acción civil contra la SB4. A esa demanda se juntaron la que presentó el condado de El Paso y la que presentaron las ciudades de San Antonio y Austin. Otras organizaciones de carácter legal o social introdujeron también demandas a fin de dejar sin efecto la ley.
México como parte interesada y en defensa de la población mexicana, presentó un escrito de “Amigo de la Corte” (Amicus curiae) en favor de la posición de los demandantes (El Cenizo, Austin, Dallas, Houston, San Antonio, Travis County, Bexar County y Asociación de Jueces hispanos, entre otros) ante el Quinto Circuito.
En el mes de agosto de 2017 el Juez Federal en San Antonio ordenó la suspensión provisional de la ley SB4. Esta suspensión de la aplicación de la ley trajo cierta tranquilidad, de manera temporal a la comunidad hispana, si bien, como era de esperarse, el estado de Texas apeló esta decisión.
El pasado martes 13 de marzo, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito levantó la suspensión provisional que había decretado un juez federal en Texas contra la ley SB4 y por lo tanto esta ley se puede aplicar.
Para la población que reside en los condados que cubre este Consulado, es importante conocer a fondo lo que esta autoridad judicial resolvió y tomar en cuenta, para que puedan acudir a nuestra oficina en busca de apoyo si este fuera necesario.
En primer lugar, se determinó que la ley es constitucional, excepto en la parte que prohíbe a los oficiales electos apoyar una política que limite el cumplimiento de la ley migratoria. También se decidió que los demandantes no pudieron demostrar el fondo de sus pretensiones, excepto en la parte de la libertad de expresión de oficiales electos. Por último, se indica que ninguna de las otras partes de la ley demandada viola, en principio, la constitución.
De esta manera, el caso se reenvió a la corte de distrito con la instrucción de que lo deseche. Una vez que esto ocurra, la ley entrará en vigor de manera completa, excepto en la parte apuntada respecto de los oficiales electos. Se prevé que las ciudades apelen a la Suprema Corte. Sin embargo, la Suprema Corte puede decidir tomar o no el caso.
Se espera que la ley entre en vigor por orden de ese juez federal en los próximos días y que se mantenga vigente mientras el litigio continúa.
Consulado de Mexico.
Quiero por este medio reiterar a los mexicanos de nuestra circunscripción que el consulado en Brownsville dará puntual seguimiento a la implementación de esta ley por parte de las autoridades locales y que, de manera particular, se atenderán todas las situaciones en las que existan posibles abusos o conductas de perfilamiento racial.
Por eso, les hago un llamado a acercarse a los consulados de México en Texas o llamar al Centro de Información y Asistencia a mexicanos (1-855-463-6395), que opera de manera gratuita las 24 horas todos los días de la semana, para mantenerse informada sobre las implicaciones de la ley SB4 y recibir asistencia consular en caso de necesitarlo.
El Gobierno de México se mantendrá atento al desarrollo judicial de este caso, en particular a la decisión del Juez de Distrito sobre el fondo de la demanda y los posibles recursos legales que se presenten ante la Corte de Apelaciones y la Suprema Corte. Los consulados estaremos informando en tiempo a nuestra población.
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