La Opinión.
Los beneficiarios de DACA enfrentan uno de los momentos más inciertos desde la creación del programa en 2012. A la disminución en el número de renovaciones procesadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se suma una batalla legal en Texas que podría afectar los permisos de trabajo de miles de jóvenes indocumentados conocidos como dreamers.
De acuerdo con un análisis publicado por Forum Together, el USCIS completó 35,648 renovaciones de DACA durante el primer trimestre del año fiscal 2026, una caída de casi 50% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando procesó cerca de 70,000 solicitudes.
La reducción en el ritmo de procesamiento genera preocupación porque cada renovación retrasada puede dejar temporalmente a un beneficiario sin autorización para trabajar y sin la protección contra la deportación que ofrece el programa.
Menos renovaciones y más retrasos.
Las cifras muestran que al 31 de diciembre de 2025 había 495,320 beneficiarios activos de DACA, una disminución constante frente a los 533,280 registrados un año antes.
Según Forum Together, aunque algunos beneficiarios han logrado obtener la residencia por otras vías, como matrimonio con ciudadanos estadounidenses o visas de trabajo, gran parte de la disminución responde a los crecientes retrasos administrativos.
Los tiempos de procesamiento, que en el año fiscal 2025 rondaban los 15 días, ahora pueden extenderse entre 70 días y hasta seis meses, dejando a miles de personas sin posibilidad de trabajar legalmente durante ese periodo.
Texas podría cambiar el futuro de DACA.
Otro foco de incertidumbre es el litigio Texas vs. Estados Unidos, que aún espera una nueva resolución del juez federal Andrew Hanen.
El Quinto Circuito de Apelaciones determinó que la protección contra la deportación que ofrece DACA puede mantenerse, pero dejó abierta la posibilidad de eliminar los permisos de trabajo para los beneficiarios que residen en Texas.
Actualmente, ese estado concentra 82,410 beneficiarios, la segunda cifra más alta del país después de California.
De concretarse ese escenario, miles de dreamers podrían conservar la protección migratoria, pero perderían la autorización para trabajar legalmente, una situación que también afectaría a empleadores y economías locales.
El Congreso sigue siendo la única solución permanente.
El reporte subraya que DACA continúa siendo un programa temporal que depende de decisiones judiciales y administrativas. Aunque el presidente Donald Trump declaró en enero de 2026 que los beneficiarios del programa “deberían sentirse seguros” y expresó su disposición a trabajar con el Congreso para encontrar una solución, hasta ahora no existe una reforma migratoria que otorgue un estatus permanente.
Para los especialistas, únicamente una legislación aprobada por el Congreso de Estados Unidos podrá garantizar estabilidad jurídica a cientos de miles de dreamers, quienes llevan casi dos décadas viviendo, estudiando y trabajando en el país.
