La Opinión.
Durante los más de 500 cambios administrativos en procesos legales de inmigración, abogados migratorios habían reconocido que el gobierno del presidente Donald Trump les dejaba pocas o nulas opciones para defender a sus clientes, ahora incluso los abogados podrían enfrentar una investigación.
Lo anterior luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitiera una directiva que instruye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a tomar medidas adicionales contra los casos de fraude que sospechen sean fraudulentos.
La directiva instruye desarrollar políticas antifraude sobre el artículo 1324c(d) del Título 8 del Código de los Estados Unidos, la cual aborda la petición de asilo y contempla sanciones por fraude en estos procesos.
“Como resultado de esta directiva, los abogados del ICE tienen mayor autoridad para hacer cumplir esta ley, incluyendo acciones legales contra los abogados de inmigración que presenten solicitudes de asilo falsas ante un tribunal de inmigración”, indicó el DHS en un comunicado.
El Asesor Jurídico General del DHS, James Percival, argumentó que, durante varios años, “millones de inmigrantes indocumentados” han cometido fraude con peticiones de asilo.
“Las solicitudes de protección, como el asilo, están diseñadas para cubrir circunstancias únicas y específicas, pero es práctica común que los abogados de inmigración que representan a inmigrantes indocumentados afirmen que prácticamente todos ellos serán perseguidos o torturados en su país de origen”, indicó Percival. “Ahora, gracias a esta directiva, los abogados del ICE tienen mayor autoridad para hacer cumplir la ley y detener el abuso de nuestro sistema de asilo por parte de inmigrantes indocumentados y abogados”.
Percival indica que, históricamente, ICE ha dependido de las decisiones de los jueces de inmigración en cuanto a las decisiones sobre asilo y la aplicación de leyes contra posibles fraudes, pero ahora la agencia migratoria podrá hacerlo.
Según el DHS, los abogados de inmigración que representan a indocumentados los instruyen para que oculten su pasado “e incluso mientan descaradamente en sus solicitudes de asilo”, lo que es considerado un fraude.
La nueva directiva sigue el memorando del presidente Trump del 22 de marzo de 2025, “Prevención de abusos del sistema jurídico y del tribunal federal”, donde hace referencia a presuntos abusos de abogados migratorios.
“El presidente Trump emitió un memorando en el que señalaba que ‘los abogados de inmigración y las poderosas prácticas pro bono de los grandes bufetes suelen instruir a sus clientes para que oculten su pasado o mientan sobre sus circunstancias al presentar sus solicitudes de asilo”, indica el DHS. “Todo ello en un intento de eludir las políticas de inmigración promulgadas para proteger nuestra seguridad nacional y engañar a las autoridades y tribunales de inmigración para que les concedan un alivio inmerecido”.
¿Y qué pasa con el nuevo costo?
El DHS emitió una regla provisional para aplicar cambios derivados de la ley H.R. 1, conocida como One Big Beautiful Bill Act (Gran y Hermosa Ley), que incluye un precio de $100 dólares que antes no existía.
El costo actualizado con la inflación será para los casos de renovación del proceso. Por ejemplo, en 2026 aumentó a $102 dólares, aunque el cobro está suspendido luego de la decisión del 30 de octubre del Tribunal Distrito de Maryland sobre el caso Asylum Seeker Advocacy Project v. United States Citizenship and Immigration Services, et al.
La administratión Trump también enfrenta complicaciones en su intento de bloquear las peticiones de asilo, ya que a finales de abril la Corte de Apelaciones para el Distrito de Washington, D.C., calificó como “ilegal” la orden ejecutiva del presidente Trump para impedir que inmigrantes soliciten asilo en la frontera, además de deportarlos en forma expedita.
“Sostenemos que la Proclamación y la Guía [del gobierno de Trump] son ilegales en la medida en que eluden los procedimientos de expulsión cuidadosamente elaborados por el Congreso y dejan de lado las leyes federales que brindan a las personas la oportunidad de solicitar y ser consideradas para la concesión de asilo o la suspensión de la expulsión”, dice la decisión del tribunal.
