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Un agente del ICE del Valle del Río Grande se declaró inocente el viernes de los cargos federales que lo acusan de mentir al FBI sobre haber sido atacado antes de disparar e herir a un hombre venezolano durante la represión migratoria en Minneapolis a principios de este año.
El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Christian Castro, compareció ante un juez magistrado estadounidense después de que los fiscales lo acusaran este mes de seis cargos federales por hacer declaraciones falsas sobre el tiroteo del 14 de enero en el que murió Julio César Sosa-Celis.
Castro, vestido con un traje negro y con un monitor electrónico visible en el tobillo, habló muy poco durante la audiencia. Fue suspendido sin goce de sueldo por el ICE a principios de este año.
La audiencia federal de Castro tuvo lugar un día después de que compareciera ante un tribunal estatal acusado de agresión y fuera puesto en libertad. Su abogado defensor, Daniel Gerdts, declinó hacer comentarios sobre el caso al salir del juzgado el viernes.
El proceso judicial se inició tras meses de batallas legales sobre si Castro, de 52 años, sería extraditado de Texas, su estado natal, para enfrentar cargos en Minnesota. Finalmente, regresó por su cuenta tras ser liberado de una cárcel de Texas el mes pasado.
El caso rápidamente se convirtió en un tema de política nacional. Minnesota es un blanco frecuente del presidente Donald Trump, quien suele criticar al gobernador demócrata Tim Walz, quien se postuló como candidato a la vicepresidencia en las últimas elecciones presidenciales, así como a la representante Ilhan Omar, nacida en Somalia. El gobernador de Texas, Greg Abbott, aliado de Trump, en ocasiones vinculó su negativa a firmar la orden de extradición de Castro con las investigaciones en curso sobre fraude masivo en programas de servicios sociales gubernamentales en Minnesota. Trump utilizó estas investigaciones para justificar la represión.
El arresto de Christian Castro se produjo meses después de que Minnesota lo acusara.
Tanto en el caso federal como en el estatal contra Castro, los fiscales afirman que disparó a Sosa-Celis, de 24 años, en la pierna mientras disparaba a través de la puerta principal de una casa en Minneapolis. Añaden que Castro mintió posteriormente a los investigadores al afirmar que había sido atacado con el palo de una escoba y una pala de nieve antes de disparar.
Los fiscales de Minnesota lo acusaron en mayo, pero sus esfuerzos por extraditarlo desde Texas, donde había sido arrestado, fracasaron.
Finalmente, se entregó a las autoridades federales cuando estas alertaron de que podría huir a través de la frontera entre Estados Unidos y México tras ser liberado de una cárcel de Texas. Fue acusado formalmente por separado ante un tribunal federal de distrito a principios de este mes.
Se trata del primer procesamiento por parte del Departamento de Justicia de un funcionario federal por acciones realizadas durante la Operación Metro Surge de este año, que llevó a miles de agentes a las Ciudades Gemelas y provocó protestas generalizadas, arrestos y la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.
Durante una audiencia previa ante un juez federal en Texas, Castro fue puesto en libertad bajo fianza de 75.000 dólares y se le ordenó llevar un monitor GPS en el tobillo. También se le ordenó entregar su pasaporte y cualquier arma de fuego personal.
La administración Trump afirma que solo las autoridades federales tienen jurisdicción.
Las autoridades de Minnesota han estado en conflicto con la administración Trump sobre quién debe encargarse de los cargos contra Castro. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado el procesamiento de Castro por parte de Minnesota como “ilegal y nada más que una maniobra política”, afirmando que solo las autoridades federales tienen jurisdicción.
Las autoridades, incluida la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota, arrestaron a Castro en Texas el 29 de mayo, después de que un juez de Minnesota emitiera una orden de arresto a nivel nacional.
Minnesota solicitó su extradición durante su detención en Texas, pero Abbott se negó a firmar la orden de extradición.
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El periodista de Associated Press, Russ Bynum, en Savannah, Georgia, contribuyó a este artículo.
