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Ederson Galicia Alva, de once años, acababa de bajar del avión y entrar en los pasillos poco iluminados del aeropuerto de Miami cuando agentes federales apartaron a su madre para interrogarla. Otra vez.
El pánico se apoderó de él. Su ilusión por volver pronto al recreo con sus compañeros de Florida se desvaneció. ¿Acaso el gobierno se la llevaría de nuevo?
Este no fue su primer trauma. En 2018, cuando solo tenía 3 años, Ederson fue separado de su madre en la frontera entre Estados Unidos y México bajo la política de separación familiar de la primera administración Trump y permaneció separado de ella en un centro gubernamental durante meses. Finalmente se reunieron gracias a la intervención de abogados. Luego, en junio del año pasado, él y su madre fueron separados por segunda vez, a pesar de las protecciones legales destinadas a mantenerlos juntos, al igual que a familias como la suya.
Posteriormente se reunió con su madre en Guatemala. Tras once meses de penurias y sufrimiento en las tierras altas indígenas, la familia de Ederson pudo regresar a Florida la semana pasada, luego de que un juez federal dictaminara que el gobierno había actuado ilegalmente.
Ahora, ocho años después de que las separaciones forzosas en la frontera ordenadas por el presidente Donald Trump llegaran a su fin tras la indignación mundial, una investigación de Associated Press ha revelado que el gobierno ha vuelto a separar a decenas de niños de sus familias, a pesar de un acuerdo legal histórico destinado a mantenerlos juntos. Algunos de sus padres han estado recluidos en centros de detención de inmigrantes durante meses, mientras que otros han sido deportados a sus países de origen tras ser separados de sus familias una vez más. En algunos casos, funcionarios de inmigración que realizaban arrestos dentro del país deportaron a personas a pesar de descubrir que legalmente no debían ser deportadas, según correos electrónicos obtenidos por AP.
«El gobierno no solo se ha negado a reconocer el horror de las separaciones iniciales durante el primer mandato de Trump, sino que ahora está deteniendo y deportando a esas mismas familias», declaró Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y principal letrado en la demanda que puso fin a dicha política. «Estos niños ya han sufrido bastante sin volver a traumatizarlos».
Trump logró la reelección con una plataforma antiinmigración. Durante su segundo mandato, la administración prometió deportar a más de un millón de personas al año. Los agentes federales han estado deteniendo a personas de sus comunidades con tal rapidez que, según la Brookings Institution, ahora los padres de decenas de miles de niños han sido detenidos.
Esta vez, las separaciones familiares suelen ser diferentes a las del primer mandato de Trump. En 2018, Ederson y otros niños fueron separados de sus padres en la frontera. Sus padres fueron detenidos por separado y, en su gran mayoría, acusados de entrada ilegal. El gobierno no pudo reunirlos durante meses porque la información de adultos y niños se almacenaba en sistemas informáticos distintos. Un juez prohibió al gobierno separar a la mayoría de las familias en la frontera y le ordenó reunirlas después de que la ACLU presentara una demanda colectiva. Posteriormente, un acuerdo judicial prohibió la mayoría de las separaciones familiares para disuadir la inmigración hasta diciembre de 2031.
Hoy en día, si los padres son arrestados o deportados en el marco de la campaña del presidente para las deportaciones masivas, se ven obligados a elegir si dejan a sus hijos en Estados Unidos.
“El DHS cumple con todas las órdenes judiciales, incluso cuando las ONG radicales buscan el foro más favorable y los jueces activistas intentan frustrar nuestras operaciones”, dijo la subsecretaria interina Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, en respuesta a las solicitudes de comentarios de AP sobre las políticas del gobierno hacia las familias separadas.
Los abogados del gobierno han argumentado en recientes documentos judiciales que no existen restricciones legales a “la autoridad legal del gobierno para ejecutar órdenes de expulsión”. Bis agregó que hacer cumplir la ley de inmigración “no es opcional” y que “cada expulsión de un inmigrante indocumentado ayuda a restablecer el orden y reforzar el estado de derecho”.
Recientemente se permitió el regreso de la familia de Ederson, pero su situación aún es precaria.
Separados en la frontera, y luego de nuevo en Florida.
Tras ser separado de su madre, Mirsy Maricela Alva López, y permanecer confinado durante cuatro meses y medio en un albergue gubernamental en Arizona cuando era un niño pequeño, Ederson apenas la reconoció al reencontrarse, según relató ella. Sufrió pesadillas vívidas durante toda su etapa en la escuela primaria, donde aprendió a leer en inglés en aulas rodeadas de exuberantes jardines y palmeras a menos de 16 kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia de invierno de Trump.
Una vez que un juez federal aprobó un acuerdo en la demanda colectiva durante la administración Biden, la familia de Ederson y otras como la suya obtuvieron estatus legal para permanecer en los EE. UU., con vías para la residencia y el asilo, y su madre obtuvo un permiso de trabajo. Y después de meses de servicios de salud mental para abordar su constante temor de que su madre nunca regresara, a principios de junio del año pasado —aproximadamente cinco meses después del inicio de la segunda administración de Trump y la reanudación de la campaña antiinmigración del presidente— su terapeuta finalmente le dijo que había progresado tanto que podía suspender sus sesiones semanales.
Dos semanas después, Alva López fue detenida por agentes federales cuando ella y sus compañeros de trabajo se dirigían a un trabajo de jardinería cerca de Mar-a-Lago. Los agentes, vestidos con uniformes marrones, nunca dieron ninguna razón para la detención ni se identificaron antes de trasladar a Alva López a dos cárceles de Florida, luego a la custodia del ICE en Luisiana y, finalmente, a un avión lleno de deportados esposados con destino a Ciudad de Guatemala, según relató ella.
“Sentí exactamente lo mismo que la primera vez”, dijo Alva López entre lágrimas. “Fue como revivirlo todo de nuevo”.
Alva López estuvo separada de Ederson y su hermana mayor, Briseidy, durante una semana, y no se le dio la oportunidad de hablar con un funcionario de inmigración sobre su estatus o protecciones legales, dijo Kelly Kribs, abogada del Young Center for Immigrant Children’s Rights, que ha apoyado el regreso de la familia de Alva López a Estados Unidos.
Cuando finalmente logró llamar a Ederson y Briseidy, no paraban de llorar. Alva López contó que le pidió a su hermana que les comprara boletos de avión para llevarlos a Ciudad de Guatemala. Al día siguiente los recibió en el aeropuerto y viajó con ellos nueve horas más por carreteras y caminos llenos de baches hasta llegar a San Martín Cuchumatán, una aldea en la sierra donde nacieron los niños.
Los tres compartían una pequeña habitación con suelo polvoriento con los padres y el hermano de Alva López en una casa de adobe con techo de chapa, muy diferente a las tranquilas calles sin salida del sur de Florida. La escuela, donde todas las clases se imparten en español, estaba a un kilómetro y medio a pie, y ninguno de los niños del pueblo hablaba inglés, según Ederson.
En lugar de fichar para podar los jardines de las fincas de West Palm Beach, Alva López alimentaba cada día a las gallinas y los patos en un pequeño gallinero detrás de la casa, lavaba la ropa de la familia a mano y cocinaba las comidas a fuego abierto.
Y Ederson volvió a despertarse por la noche temiendo por su futuro. En la escuela primaria Northmore, le había ido bien en quinto grado. En Guatemala, repitió cuarto grado, esta vez en español, y le hicieron preguntas sobre la historia y la cultura de un país que apenas conocía. Sus amistades no eran tan cercanas como en West Palm Beach. A veces, cuando se sentía triste, veía los viejos videos de la escuela en línea para ver a sus antiguos amigos.
“Solíamos jugar y charlar. A veces me ayudaban cuando no entendía la lección, y yo les ayudaba con matemáticas”, dijo, conteniendo las lágrimas. “Tengo muy pocos amigos aquí”.
Ederson sigue sin querer hablar de las separaciones y no deja de preguntarle a su madre por qué fue a trabajar ese día. Pero tiene una cosa clara: no quiere volver a separarse de ella jamás.
‘Daños duraderos y dolorosos’
A finales de 2017, los funcionarios de inmigración comenzaron a separar por la fuerza a padres e hijos en la frontera entre Estados Unidos y México, bajo una política impulsada por Stephen Miller, entonces asesor principal de políticas de Trump y actual subjefe de gabinete de la Casa Blanca. Tras conocerse la situación, la ACLU presentó una demanda en febrero de 2018 para detener esta práctica, denominada Sra. L contra el Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos, en nombre de una madre congoleña a la que la administración Trump separó de su hija de 7 años durante cuatro meses. Posteriormente, el caso se convirtió en una demanda colectiva.
No fue hasta que miles de familias fueron separadas que un juez ordenó al gobierno poner fin a las separaciones, afirmando que causaban un “daño duradero y doloroso”. Según el último recuento de la ACLU, el número de padres e hijos separados, y sus familiares afectados cubiertos por el acuerdo, es mucho mayor de lo que se había informado anteriormente —más de 11.800— y, debido a que el gobierno deportó a tantas personas antes de que se prohibiera la práctica, es posible que nunca se conozca el alcance total. La ACLU también proporcionó a AP nueva información sobre los miembros del grupo de la Sra. L que fueron detenidos y deportados durante la segunda administración Trump, incluyendo que decenas de niños fueron separados nuevamente. Los documentos legales en el caso de la Sra. L y otros abogados de inmigración que trabajan con familias separadas también detallaron las nuevas separaciones de niños.
En virtud de un acuerdo extrajudicial firmado en 2023 por la administración Biden, los miembros del grupo de la Sra. L —entre ellos padres separados, hijos y otros familiares cercanos— recibieron protecciones legales especiales, vías para solicitar asilo y acceso a abogados, permisos de trabajo y servicios de apoyo. Durante más de ocho años, defensores y abogados han estado trabajando para ayudar a las familias a reunirse y recuperarse, viajando a la selva amazónica de Guatemala y a aldeas remotas de Honduras para informar a los miembros del grupo sobre sus derechos y ofrecerles la posibilidad de solicitar desde libertad condicional humanitaria hasta permisos de trabajo y asesoramiento psicológico; beneficios destinados a “prevenir cualquier daño continuo causado por la separación inicial”, según el acuerdo.
Eso cambió cuando Trump comenzó su segundo mandato. El apoyo a las familias separadas nunca fue plasmado en una ley del Congreso, y pronto comenzó a disminuir.
En primer lugar, se suspendió temporalmente la financiación de los servicios legales. En su lugar, la administración Trump anunció que cobraría a las familias 1000 dólares por entrar o permanecer en el país. Posteriormente, según los abogados, a algunos padres se les ordenó presentarse con mayor frecuencia a controles del ICE y usar tobilleras electrónicas para registrar sus movimientos. Muchos miembros del grupo perdieron el acceso a asesoramiento psicológico.
A finales del año pasado, según muestran los correos electrónicos, el gobierno había deportado a algunos familiares protegidos incluso después de que la ACLU le advirtiera de que no podían ser incluidos en el programa por ser miembros protegidos del grupo de la Sra. L.
Siete días antes de Navidad, la abogada de la ACLU, Natalie Behr, envió un correo electrónico urgente a sus contactos del Departamento de Justicia, indicando que su equipo se había enterado de que un familiar protegido se encontraba nuevamente bajo custodia del ICE.
“Les pedimos que nos expliquen por qué no se nos notificó la detención de este alumno en un plazo de 24 horas. … Este alumno no debería ser expulsado”, escribió Behr.
Un abogado litigante del Departamento de Justicia de Washington respondió por correo electrónico diciendo que consultaría con el ICE. Los abogados de la ACLU hicieron un seguimiento.
Al día siguiente de Navidad, ya era demasiado tarde. Lo habían deportado.
El problema sigue aflorando. Si bien el gobierno está obligado por orden judicial a informar de inmediato a la ACLU cuando los miembros del grupo de la Sra. L sean detenidos y a reintegrar a las familias separadas que han sido deportadas, la administración Trump solo reveló en abril que había deportado a otra persona protegida a Guatemala en septiembre, según muestran los documentos judiciales.
Lo mismo estuvo a punto de ocurrirle a una vecina de Alva López, quien fue detenida en West Palm Beach unos meses después de su deportación. El padre también había trabajado como jardinero cerca de Mar-a-Lago y había sido separado de su hija en la frontera entre Estados Unidos y México en 2017. Durante la primera administración Trump, fue rápidamente devuelto a Guatemala. Mientras los abogados de la ACLU y los abogados del gobierno discutían sobre las compensaciones que correspondían a las familias separadas, regresó a Florida en 2021 para reunirse con sus hijos, uno de los cuales había sido liberado tras pasar meses en un centro de detención gubernamental.
En octubre, el gobierno lo encarceló, primero en Alligator Alcatraz, un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, y luego en Camp East Montana en Texas, dijo Kribs.
En el Campamento East Montana, le dieron comida mohosa con gusanos, los guardias lo insultaron y se enteró de que un compañero detenido había muerto tras ser maltratado por funcionarios del ICE, según declaró, bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno. El ICE afirmó que el detenido murió tras sufrir “problemas médicos en el lugar”, y la oficina del médico forense de El Paso dictaminó posteriormente que el detenido sufrió “asfixia por compresión del cuello y el torso”. Pasaron la Navidad y la Nochevieja, y en enero le resultaba difícil mantener la esperanza cuando sus hijos lo llamaban.
La ACLU presentó una moción sobre la detención de los padres de la Sra. L, y el padre fue liberado de la detención gubernamental en abril. Si bien está agradecido de estar de vuelta en casa en Florida con sus hijos, le dijo a AP que siente que todavía lo están vigilando a través del monitor electrónico en el tobillo y los controles del ICE que debe realizar cada dos semanas. Sus hijos siguen preocupados de que no esté allí cuando salgan de la escuela, dijo.
Bis afirmó que el DHS podría imponer condiciones a la libertad condicional, incluyendo vigilancia electrónica, requisitos de presentación de informes periódicos e incluso detención.
‘Un lugar donde todos podamos estar seguros’
Sinri Baltazar, una madre hondureña que fue separada por primera vez de su hija, que entonces tenía 5 años, en 2018, también recibió permiso por orden judicial en abril para regresar a Luisiana con sus tres hijos, incluido el menor, que es ciudadano estadounidense.
No ha sido fácil. Baltazar, miembro de la comunidad afroindígena garífuna, que sufre discriminación en Honduras, fue deportada con sus hijos el año pasado después de que, según ella, funcionarios de inmigración le exigieran firmar un documento que, según afirmaron, le permitiría mantener a su familia unida, pero solo si todos se marchaban. De regreso en Nueva Orleans, expresó su gratitud porque sus hijos podían buscar una vida mejor, pero han tenido dificultades para subsistir viviendo con una conocida de la iglesia.
“Lo único que dicen mis hijos es que quieren estar en casa, en su propia casa”, dijo Baltazar. “Solo intento que todos estemos a salvo, y espero que lo mismo ocurra con las demás familias”.
A medida que las deportaciones han aumentado en el último año y medio, los abogados afirman que las familias separadas temen cada vez más completar los formularios gubernamentales y muchas desconocen que pueden solicitar asilo, un beneficio clave del acuerdo que expira en diciembre. La administración tampoco ha indicado si extenderá el contrato actual de servicios legales para familias, que se ha reducido y finaliza en agosto. Se acerca otra fecha límite: miles de familias separadas deben solicitar la cancelación de cualquier orden de expulsión pendiente antes de diciembre, o perderán la posibilidad de permanecer legalmente en Estados Unidos.
“Nunca hubo fondos suficientes para cubrir las necesidades”, dijo Anilú Chadwick, abogada y directora sénior de la organización legal sin fines de lucro Together & Free, que, según ella, ha brindado apoyo a 15 familias que han sido separadas nuevamente, incluida la de Baltazar. “Ahora tenemos que ver si el gobierno otorga un nuevo contrato, y debo decir, como alguien que ha estado trabajando arduamente para encontrar y localizar servicios, que ese tiempo no es suficiente ni siquiera en las mejores circunstancias”.
Sin embargo, para las familias separadas que esperan la liberación de sus seres queridos o la tramitación de la documentación necesaria para regresar a Estados Unidos, el tiempo transcurre a un ritmo extremadamente lento.
Desde que Alva López fue deportada a Guatemala hace casi un año, revisaba su teléfono cada mañana esperando noticias sobre cuándo ella y sus hijos podrían regresar. El dinero empezó a escasear. Los niños comenzaron a olvidar su jerga inglesa. Briseidy, ahora de 14 años, temía alejarse de sus amigos estadounidenses. Finalmente, hace dos semanas, hubo noticias: el gobierno la traería de regreso a Florida junto con sus hijos en un vuelo de American Airlines, por orden judicial.
Los cachorros que le había comprado a Ederson para animarlo habían muerto, y quedaban pocos amigos y familiares a quienes despedirse. Así que empacó a los hermanos y sus pocas pertenencias; la ropa les quedaba holgada tras haber adelgazado desde que regresaron a Todos Santos Cuchumatán.
Finalmente, en la última semana de mayo, con pasaportes y documentos de viaje en mano, la familia voló a Miami. Ederson dijo que fue como un milagro. Pero poco después de aterrizar, los funcionarios de inmigración interrogaron a Alva López, le tomaron fotos y huellas dactilares nuevamente y revisaron todos sus documentos. Su estancia en Estados Unidos podría ser breve. Un funcionario de inmigración le otorgó un permiso humanitario de tan solo dos semanas.
El gobierno declinó hacer comentarios específicos sobre el caso de Alva López.
“Todavía no les he contado a los niños” sobre la libertad condicional de dos semanas, dijo Alva López el primer día que despertó de nuevo en el antiguo barrio de su familia en West Palm Beach. “Les preocupa que vuelva a suceder lo mismo”, añadió.
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Burke informó desde San Francisco. Pérez informó desde San Martín Cuchumatán, Guatemala. La fotógrafa de AP, Rebecca Blackwell, en Miami, contribuyó con información.
