Se desestimó la acusación por delito grave contra un exmiembro de la junta directiva del Distrito de Drenaje n.° 3 del condado de Cameron, acusado de recibir ilegalmente 87.000 dólares en pagos del distrito durante un período de 20 años.
Los registros judiciales del condado de Cameron muestran que el cargo por malversación de fondos fiduciarios contra Randall McMurray fue desestimado el 17 de agosto después de que pagara la restitución.
Como se informó anteriormente, McMurray fue uno de los tres funcionarios de drenaje arrestados luego de que una investigación revelara que habían recibido 300.000 dólares en pagos excesivos desde el año 2000 tras falsificar registros, según los registros de arresto obtenidos por Channel 5 News.
El actual presidente de la junta directiva del distrito de drenaje, Ronaldo García, y la exgerente general, Sonia Lambert, estuvieron involucrados en la trama. Los registros judiciales muestran que aún enfrentan cargos.
Los tres fueron arrestados en febrero de 2026 después de que se presentara una denuncia por delitos financieros en la oficina del Departamento de Seguridad Pública de Texas en Brownsville.
La denuncia alega que García, McMurray y otros dos miembros electos de la junta recibieron un total combinado de aproximadamente 300.000 dólares en pagos por servicios desde el año 2000, y que Lambert aprobó y pagó a sabiendas ese dinero con fondos del distrito, lo que excede los límites legales del Código de Aguas de Texas.
García ha sido presidente de la junta directiva durante 25 años, y McMurray fue miembro de la junta durante 20 años hasta que renunció en diciembre de 2021.
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Lambert se jubiló de su puesto de directora general en 2023; su jubilación fue lo que condujo al descubrimiento de la malversación de fondos, según consta en los registros.
La denuncia penal indicaba que, antes de 2023, el Código de Aguas de Texas estipulaba que los miembros de la junta directiva solo podían recibir pagos por servicios, con un límite de $150 diarios, $600 mensuales o $7,200 anuales. Para recibir cada pago por servicio, se requería documentación que acreditara los servicios prestados por los miembros de la junta.
En 2023, un cambio legislativo permitió que los miembros de la junta recibieran un pago por servicios limitado a 221 dólares por día de servicio, y los requisitos de documentación se mantuvieron sin cambios.
Los miembros de la junta recibían sistemáticamente 600 dólares al mes, y el distrito celebra, en promedio, solo una reunión mensual.
La denuncia alegaba que los miembros de la junta directiva acusados firmaron documentos gubernamentales falsificados, lo que indicaba que asistían a más reuniones mensuales de las que realmente se celebraban. Una revisión de los documentos y las fechas de las reuniones reveló que los miembros de la junta firmaron hojas de asistencia para reuniones que nunca tuvieron lugar.
Tras revisar toda la documentación, los investigadores constataron que García recibió 108.000 dólares, una cantidad que supera los límites legales desde el año 2000, y que McMurray recibió 87.000 dólares.
García y Lambert tienen programadas audiencias judiciales para el 19 de octubre.
