AP.
Un grupo de estados liderados por republicanos está demandando a la administración Biden para bloquear un nuevo plan de pago de préstamos estudiantiles que proporciona un camino más rápido hacia la cancelación y pagos mensuales más bajos para millones de prestatarios.
En una demanda federal presentada el jueves, 11 estados encabezados por Kansas argumentan que Biden se excedió en su autoridad al crear el Plan SAVE, que se puso a disposición de los prestatarios el año pasado y ya canceló préstamos por más de 150.000.
Sostiene que el nuevo plan no es diferente del primer intento de Biden de cancelar un préstamo estudiantil, que la Corte Suprema rechazó el año pasado. “La última vez que los demandados intentaron esto, la Corte Suprema dijo que esta acción era ilegal. Nada ha cambiado desde entonces”, según la demanda.
El Departamento de Educación se negó a comentar sobre la demanda, pero señaló que en 1993 el Congreso le dio al departamento la autoridad para definir los términos de los planes de pago basados en los ingresos.
“La Administración Biden-Harris no dejará de luchar para brindar apoyo y alivio a los prestatarios de todo el país, sin importar cuántas veces los funcionarios electos republicanos intenten detenernos”, dijo el departamento en un comunicado.
Biden anunció el plan de pago SAVE en 2022, junto con un plan separado para cancelar hasta 20.000 dólares de deuda de más de 40 millones de estadounidenses. La Corte Suprema bloqueó el plan de cancelación después de que los estados republicanos presentaran una demanda, pero el tribunal no examinó SAVE, que aún estaba siendo debatido.
La nueva demanda fue presentada esta misma semana en que la Casa Blanca organizó un “día de acción” para promover el Plan SAVE. La administración Biden dice que más de 7,7 millones de prestatarios se han inscrito en el plan, incluidos más de 5 millones a quienes se les han reducido sus pagos mensuales a $100 o menos porque tienen ingresos anuales más bajos.
La impugnación fue presentada electrónicamente en un tribunal federal de Kansas por el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, quien solicitó que cualquier juicio se celebrara en Wichita, la ciudad más grande del estado. La demanda pide a un juez que detenga el plan de inmediato. Junto con Kansas, la demanda está respaldada por Alabama, Alaska, Idaho, Iowa, Luisiana, Montana, Nebraska, Carolina del Sur, Texas y Utah.
“De una manera completamente descarada, el presidente siguió adelante de todos modos”, dijo Kobach durante una conferencia de prensa en el Kansas Statehouse. “La ley simplemente no permite al presidente Biden hacer lo que quiere hacer”.
El nuevo plan de pago de Biden es una versión modificada de otros planes de pago basados en los ingresos que el Departamento de Educación ha ofrecido desde los años 90. Las primeras versiones fueron creadas por el Congreso para ayudar a los prestatarios en dificultades, limitando los pagos a una parte de sus ingresos y cancelando cualquier deuda restante después de 20 o 25 años.
El nuevo plan ofrece términos más generosos que nunca, ofreciendo reducir los pagos mensuales para más prestatarios y cancelando préstamos en tan solo 10 años. A diferencia de otros planes, evita que los intereses aumenten siempre que los prestatarios realicen sus pagos mensuales.
Las disposiciones del plan se están implementando gradualmente este año, y originalmente estaba previsto que la vía más rápida hacia la cancelación entrara en vigor a finales de este verano. Pero la administración Biden aceleró ese beneficio y comenzó a cancelar préstamos para algunos prestatarios en febrero.
Biden dijo que su objetivo era “dar a más prestatarios un respiro para que puedan liberarse de la carga de la deuda de préstamos estudiantiles”.
En lugar de crear un nuevo plan desde cero, el Departamento de Educación modificó los planes existentes mediante una regulación federal. Sus partidarios lo vieron como una maniobra legal que dio al plan una base más firme, anticipando un desafío por parte de los republicanos.
Pero en la nueva demanda, Kobach sostiene que Biden necesitaba pasar por el Congreso para realizar cambios tan significativos.
Los estados argumentan que el plan de Biden los perjudicará de muchas maneras.
Con un plan de pago tan generoso, menos prestatarios tendrán un incentivo para dedicarse al servicio público y seguir el programa de condonación de préstamos por servicio público, argumentan los estados. Predicen que más empleados estatales dejarán sus empleos, lo que empeorará las dificultades de las escuelas públicas para reclutar y retener a los maestros.
Argumentan que el plan inyectará cientos de miles de millones de dólares en alivio de préstamos a la economía estadounidense, lo que requeriría que los estados aumenten los esfuerzos de protección contra el fraude. El plan “creará enormes oportunidades para que los estafadores exploten a los prestatarios de deudas estudiantiles que de otro modo no existirían”, según la demanda.
Si tiene éxito, acabaría efectivamente con el último remanente del primer intento de Biden de lograr un alivio generalizado de los préstamos estudiantiles. Después de que la Corte Suprema bloqueara su plan más amplio el año pasado, Biden ordenó al Departamento de Educación que elaborara un nuevo plan utilizando una justificación legal diferente. La agencia ahora está llevando a cabo un plan más limitado para la cancelación masiva.
___
Binkley informó desde Washington.
.
