La Opinión.
La presión ejercida por Stephen Miller —uno de los principales arquitectos de la agenda antiinmigrante— habría contribuido al deterioro físico del director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons.
Según el reportaje de Político, que cita a funcionarios actuales y exfuncionarios, Lyons fue hospitalizado al menos en dos ocasiones en los últimos meses, en medio de un entorno laboral descrito como altamente demandante. Las fuentes apuntan a llamadas frecuentes y “agresivas” por parte de Miller, quien actualmente funge como una figura clave en la estrategia migratoria del presidente Donald Trump.
La reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar. La portavoz Abigail Jackson desestimó la investigación, calificándola de “basura inexacta” y defendiendo tanto a Miller como a Lyons. “A pesar de múltiples negaciones oficiales, decidieron publicar este artículo absurdo”, afirmó en un comunicado.
Sin embargo, el texto del medio citado ofrece un retrato más complejo de lo que ocurre tras bambalinas. De acuerdo con uno de los testimonios citados, Lyons llegó a mostrar signos visibles de estrés durante reuniones: sudoración excesiva, enrojecimiento facial y dificultades para tomar decisiones. Incluso, se menciona que durante algunos viajes oficiales su equipo de seguridad transportaba un desfibrilador portátil como medida preventiva.
El propio Lyons rechazó que su estado de salud esté vinculado a presiones políticas. En declaraciones recogidas por Politico, aseguró: “Cualquier estrés que sienta no tiene nada que ver con la Casa Blanca”. Posteriormente, en entrevista con NewsNation, atribuyó sus hospitalizaciones a problemas relacionados con el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), derivados de su servicio militar.
Más allá de la disputa sobre su salud, el caso pone el foco en las tensiones internas dentro del aparato migratorio estadounidense. Desde el regreso de Trump al poder, la política de deportaciones ha escalado de forma agresiva. Miller, pieza central en este engranaje, habría impulsado objetivos como alcanzar hasta 3,000 arrestos diarios para cumplir con la meta de deportar a un millón de personas al año.
Estas directrices han generado fricciones incluso dentro de las propias agencias. Correos electrónicos citados por NBC News revelan desacuerdos entre Lyons y otros mandos sobre cómo ejecutar las operaciones. Mientras Lyons proponía acciones focalizadas, otros funcionarios optaron por estrategias más amplias, ignorando sus recomendaciones.
Además, el endurecimiento del discurso oficial ha elevado la tensión en las calles. En episodios recientes, figuras del gobierno han llegado a calificar protestas como “terrorismo doméstico”, afirmaciones que posteriormente fueron matizadas por los propios responsables de seguridad ante el Senado.
