La Opinión.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) actualizó sus estándares nacionales para los centros de detención migratoria y dejó claro que las personas bajo custodia no son consideradas empleados, por lo que no tendrían derecho a salarios o beneficios laborales. La decisión ha generado críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes y cuestionamientos sobre la influencia de empresas privadas en la elaboración de estas normas.
De acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post, los cambios se produjeron después de que GEO Group, uno de los mayores operadores privados de centros de detención en el país, propusiera modificaciones al lenguaje utilizado en las regulaciones federales.
Inmigrantes detenidos ya no son considerados empleados.
La nueva versión de los estándares establece que las personas detenidas en instalaciones migratorias “no son empleados” y, por lo tanto, no están sujetas a leyes laborales estatales o locales relacionadas con salarios y prestaciones.
Además, el documento elimina referencias previas que señalaban que los detenidos podían recibir al menos un dólar diario por determinadas tareas realizadas dentro de los centros.
Más detenciones, más escrutinio.
La controversia surge en un momento en que el sistema migratorio enfrenta una presión creciente. Según datos citados por el medio, más de 73,000 inmigrantes permanecían detenidos a principios de año, una cifra récord desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.
El aumento de detenciones ha incrementado el papel de compañías privadas como GEO Group, que continúan bajo escrutinio por las condiciones de detención y el uso de mano de obra dentro de sus instalaciones.
