La Opinión.
Miles de niños inmigrantes no acompañados en Estados Unidos podrían perder su derecho a contar con representación legal a partir del 31 de julio, cuando vence el contrato federal que financia estos servicios, advirtieron organizaciones especializadas durante una conferencia organizada por Defending Our Neighbors Fund (Fondo para la Defensa de Nuestros Vecinos).
Los proveedores de asistencia jurídica alertaron que, si el gobierno no renueva el convenio, decenas de miles de menores deberán enfrentar solos los procesos ante las cortes de inmigración, mientras el gobierno seguirá representado por abogados especializados.
Alertan sobre un riesgo al debido proceso.
De acuerdo con los organizadores, desde noviembre de 2025 la administración Trump ha retenido pagos a organizaciones que representan a menores, presuntamente para presionarlas a entregar información confidencial de sus clientes. Ante ello, el fondo ha otorgado recursos de emergencia para mantener parte de la atención legal, aunque advierte que esa ayuda ya no será suficiente.
Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights, aseguró que la decisión pone en riesgo garantías fundamentales.
“El gobierno sabe perfectamente lo que está haciendo. La mejor oportunidad para que un niño tenga derecho al debido proceso es contar con un abogado a su lado”, afirmó.
Por su parte, Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, advirtió que el impacto será inmediato: “Sabemos lo que les sucede a los niños que acuden a la corte sin un abogado. En una palabra: deportación“.
Organizaciones piden una solución inmediata.
Las organizaciones señalaron que los jueces continuarán con los casos aun cuando los menores no tengan representación legal.
Meena Shah, directora de Servicios Legales de The Door, explicó que las audiencias seguirán programándose. “Ordenarán la deportación de niños sin representación, a partir del lunes por la mañana, en todo Estados Unidos”, dijo.
En tanto, Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva de Immigrant Defenders Law Center, afirmó que retirar el acceso a abogados también elimina uno de los principales mecanismos de vigilancia sobre las acciones del gobierno.
Las organizaciones hicieron un llamado al gobierno federal para renovar el contrato antes de su vencimiento y evitar que miles de niños inmigrantes enfrenten solos procedimientos que podrían definir su permanencia en el país.
