La Opinión.
El presidente Donald Trump afirma que miles de inmigrantes sin derecho al voto se están registrando para votar en las próximas elecciones, aunque diversas investigaciones confirman que la participación de personas sin derecho al voto es poco común.
De hecho, el equipo legal del presidente Trump no logró demostrar ante tribunales en 2020 y 2021 esta narrativa sobre la votación de miles de inmigrantes indocumentados o con visas de no-ciudadanos.
A pesar de ello, los reportes publicados por la Casa Blanca afirman –en un informe somero– que al menos 250,000 no-ciudadanos están registrados para votar en California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada.
“[Esos estados] han sido notificados de esta grave amenaza a la seguridad nacional, y el DHS [Departamento de Seguridad Nacional] está listo para apoyar sus esfuerzos para identificar y eliminar a los votantes indocumentados”, afirma el reporte publicado por la Casa Blanca tras el discurso del presidente Trump. “La investigación se está ampliando para incluir a varios estados adicionales”.
Se afirma que el DHS apoyará la revisión que realiza el Departamento de Justicia de los registros de votantes, los cuales fueron obtenidos bajo la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 y la Ley de Ayuda a la Votación en Estados Unidos de 2002.
La administración Trump no ofrece un desglose sobre los 250,000 votantes registrados ilegalmente en los cuatro estados mencionados, pero suma cifras de varios estados gobernados por republicanos donde habría personas registradas en forma irregular para votar, incluidos Georgia, con 2,549 casos de no-ciudadanos registrados; Ohio con 769; Tennessee con 1,009; Texas con 2,296; Carolina del Norte con 1,599; Idaho con 49; Alabama con 465; Missouri con 1,112; Louisiana con 419, y Kansas con 449.
El reporte tampoco especifica por qué dichos estados habrían permitido el registro de tales personas para votar o cuáles fueron las acciones específicas en su contra, pero la administración Trump celebra la colaboración de las entidades para aplicar el sistema llamado SAVE, similar a la SAVE Act que promueve el mandatario junto a republicanos en el Congreso.
“Estos estados se toman en serio garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones de EE.UU. El DHS aplaude sus esfuerzos para impedir que los no ciudadanos se registren y para eliminar a los inscritos no elegibles que se registran ilegalmente”, afirma el reporte. “Varios otros funcionarios estatales proactivos también han firmado Memorandos de Entendimiento con el USCIS para utilizar el sistema SAVE y han procesado parte de sus padrones electorales estatales”.
La oficina del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), desestimó varios aspectos del discurso de Trump del jueves, incluida la afirmación del voto de miles de no-ciudadanos.
“Las afirmaciones sobre la supuesta participación masiva de no ciudadanos en el voto han sido desmentidas sistemáticamente”, indica un reporte de esa oficina. “Cabe destacar que, bajo la influencia del presidente Trump, muchos estados gobernados por el Partido Republicano se han retirado del Centro Electrónico de Información de Registro (ERIC), el centro nacional de información que ayuda a los estados a mejorar la precisión de los censos electorales”.
El senador Schumer acusa que el presidente Trump busca justificar el proyecto SAVE Act, la cual se encuentra estancada en el Congreso.
Una jueza puso un alto a Trump.
En junio pasado, la jueza Sparkle Sooknanan bloqueó la creación por parte del gobierno de Trump de una base de datos con información privada de millones de estadounidenses, incluyendo números de Seguro Social y estatus de ciudadanía, sobre la cual se habría realizado la lista que presume irregularidades.
“El gobierno federal ha pisoteado deliberadamente el derecho a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto”, escribió la jueza de Distrito en un fallo de 75 páginas. “Este tribunal no puede permanecer impasible mientras esto sucede”.
Ese fallo se dio sobre una demanda presentada por la Liga de Mujeres Votantes y otros grupos de defensa de los derechos civiles. La jueza –designada por Joe Biden– afirmó que el nuevo sistema SAVE operado por el DHS combina datos de ciudadanía con información de la Administración del Seguro Social para crear un sistema centralizado que el Congreso ha prohibido expresamente.
En su reporte sobre los supuestos votantes irregulares, la administración Trump critica a la jueza.
