La Opinión.
El temor a abrir la puerta de casa y terminar bajo sospecha por el simple hecho de ejercer derechos ciudadanos encendió una nueva disputa en Estados Unidos. Un juez federal frenó una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que contempla visitas domiciliarias y preguntas sobre el estatus migratorio y la participación electoral de las personas.
La resolución representa un revés para las investigaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump contra el supuesto fraude electoral de personas no ciudadanas.
La jueza federal Araceli Martínez-Olguín determinó que estas operaciones probablemente violan la Ley de Derechos Electorales, al considerar que pueden intimidar a ciudadanos estadounidenses y afectar las actividades de organizaciones que ayudan a la población a participar en los comicios
Cuando una visita oficial puede convertirse en intimidación.
El fallo responde a una demanda presentada por organizaciones como la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, que cuestionaron las investigaciones federales y sus posibles efectos sobre la participación electoral.
La orden judicial prohíbe determinadas operaciones y entrevistas de campo relacionadas con las elecciones de mitad de mandato en nueve estados, incluidos California y Nueva York, cuando puedan involucrar a personas que las autoridades saben, sospechan o razonablemente deberían saber que son ciudadanas estadounidenses.
La restricción se mantiene hasta el cierre de las urnas el día de las elecciones, aunque su aplicación quedó suspendida temporalmente para permitir que el gobierno presente una apelación.
La jueza precisó que su decisión no impide investigar posibles delitos electorales. El punto central es la forma en que se realizan esas pesquisas y el riesgo de afectar derechos protegidos.
En su resolución, sostuvo que los demandantes buscan evitar investigaciones contra ciudadanos con derecho al voto mediante prácticas que puedan intimidar o amenazar la participación electoral.
Listas bajo sospecha y una disputa por el voto.
Una de las preocupaciones señaladas por Martínez-Olguín es la posibilidad de errores en las listas utilizadas para identificar a personas investigadas. Según el fallo, el gobierno recurre a información de distintas agencias y a datos comerciales, lo que plantea dudas sobre la confiabilidad de sus criterios de selección.
La investigación de CBS News, que documentó agentes del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) acercándose a viviendas en distintos estados, dio cuenta de estas prácticas.
Tras conocerse la decisión, el DHS aseguró que su objetivo es identificar, procesar y deportar a extranjeros que voten y, con ello, diluyan el voto ciudadano. También afirmó que no planea interrogar ni investigar a personas que considera ciudadanas estadounidenses.
Protect Democracy, una de las organizaciones demandantes, celebró el fallo. Su abogado Beau Tremitiere cuestionó la elaboración de las listas y la falta de verificación de sus errores.
Aunque Trump ha colocado el combate al fraude electoral entre sus prioridades, el material proporcionado por el medio señalado señala que existen pocas pruebas de una participación masiva de no ciudadanos en las urnas.
Según cifras del Departamento de Justicia (DOJ) citadas en esa cobertura, 156 personas habían sido acusadas de delitos relacionados con fraude electoral desde el inicio de la administración.
