La Opinión.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio marcha atrás a una controvertida política de aprobación de contratos instaurada durante la gestión de la exsecretaria Kristi Noem, en una de las primeras decisiones adoptadas por su sucesor, Markwayne Mullin, en medio de presiones políticas y operativas sobre la agencia.
La medida, revocada oficialmente esta semana, exigía que todos los contratos, subvenciones o gastos superiores a 100,000 dólares fueran aprobados directamente por la oficina del secretario. Según el DHS, la eliminación de esta norma busca “reevaluar los procesos contractuales” para mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos y permitir que las distintas unidades cumplan con mayor agilidad su misión de proteger la seguridad nacional.
Mullin ya había adelantado su postura durante su audiencia de confirmación, al calificar la política como una forma de “microgestión poco realista” que limitaba la capacidad operativa de las agencias bajo su mando. El nuevo titular ha prometido otorgar mayor autonomía a los directivos para agilizar la toma de decisiones.
Cuestionamientos por retrasos y afectaciones a FEMA.
La política implementada por Noem fue ampliamente criticada por legisladores, expertos y organizaciones de gestión de emergencias, quienes señalaron que generó un “cuello de botella” administrativo sin precedentes. Investigaciones del Congreso revelaron que más de 1,000 contratos, subvenciones y apoyos fueron retrasados en apenas tres meses.
Uno de los organismos más afectados fue la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), encargada de coordinar la respuesta ante desastres naturales. Funcionarios advirtieron que la medida obstaculizó la distribución de recursos esenciales para comunidades afectadas, incluyendo fondos destinados a recuperación y mitigación.
Datos oficiales indicaban que alrededor de 2,200 millones de dólares en ayudas permanecían pendientes de aprobación, lo que incrementó la presión para revertir la política. Incluso legisladores republicanos, como el senador Thom Tillis, expresaron preocupación por el impacto en la respuesta a emergencias, especialmente tras eventos climáticos recientes.
La Asociación Internacional de Gestores de Emergencias respaldó la decisión de Mullin, calificándola como un paso necesario para restaurar la eficiencia operativa y reducir riesgos en situaciones críticas.
