La Opinión.
Carmen Mercedes Lineberger, fiscal federal con larga trayectoria, se enfrenta a una grave acusación del Departamento de Justicia al señalarla por presuntamente intentar robarse un informe ligado a un caso del presidente Donald Trump
La documentación señalada era parte del trabajo desarrollado por el exfiscal especial Jack Smith con el objetivo de demostrar la supuesta retención de documentos clasificados en que incurrió el magnate neoyorquino al finalizar su primera etapa al frente de la Casa Blanca.
Sin embargo, desde el momento en que Smith renunció a su cargo, poco después del retorno de Trump a la Casa Blanca, Aileen Cannon, jueza federal, ordenó sellar el informe en que trabajaba el abogado de 56 años y además guardarlo para evadir a curiosos deseosos de conocer su contenido.
De acuerdo con la fiscalía todo marchaba de acuerdo con el plan establecido hasta que, en enero del año pasado, Lineberger, fiscal adjunta en Fort Pierce, Florida, descargó una copia del informe confidencial en la computadora de su trabajo y después la envió a su correo electrónico personal simulando que se trataba de una receta de cocina.
Para lograr dicho objetivo, la abogada utilizó una cuenta que le fue asignada por el Departamento de Justicia y mediante ella adjuntó un archivo llamado “Bundt_Cake_Recipe.pdf”.
Acto seguido, creyendo que nadie se percataría del camuflaje cibernético descrito, envió el archivo a su cuenta personal de Gmail.
El punto es que, si alguien se atreve a abrir el informe, con el objetivo de hacerlo público o divulgar cualquier parte de su contenido, estaría incurriendo en un delito.
Recientemente, Carmen Mercedes Lineberger compareció por primera vez ante un tribunal federal en West Palm Beach, Florida, donde se declaró no culpable de dos cargos de robo de dinero o propiedad del gobierno, por un valor inferior a $1,000 dólares; destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales; y ocultación, sustracción o mutilación de registros públicos.
En caso de que la mujer de 62 años sea declarada culpable, enfrentaría una pena de hasta 20 años de prisión por destrucción, alteración o falsificación de documentos en investigaciones federales, tres años de prisión por ocultación, sustracción o mutilación de documentos públicos, y hasta un año de prisión por cada cargo de robo de propiedad gubernamental valorada en menos de $1,000 dólares.
