La Opinión.
La disputa entre varios estados y la administración del presidente Donald Trump por el manejo de los recursos destinados a emergencias llegó a los tribunales. Una coalición de 25 estados y el Distrito de Columbia demandó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al acusarlos de utilizar fondos federales como una forma de presionar a los gobiernos estatales para adoptar políticas sobre elecciones e inmigración.
De acuerdo con información de CBS News, los demandantes sostienen que FEMA podría retener alrededor de $148 millones correspondientes al Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional, además de cancelar futuros apoyos si los estados no cumplen con las nuevas condiciones establecidas por la administración federal.
Entre los requisitos impugnados se encuentran la verificación de la ciudadanía de los votantes mediante una base de datos federal, la implementación de cambios en los procesos electorales y una mayor cooperación con las autoridades de inmigración. Los estados argumentan que estas exigencias no guardan relación con los programas financiados, cuyo objetivo es fortalecer la respuesta ante desastres, la seguridad nacional, la ciberseguridad y los servicios de emergencia.
FEMA defiende las nuevas reglas.
El fiscal general de Rhode Island, Peter F. Neronha, quien encabeza la demanda, afirmó que la administración Trump está “amenazando con poner en peligro la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos cruciales”.
Además, sostuvo que “el Congreso asignó estos fondos a los estados para la preparación y respuesta ante emergencias (…) y el poder ejecutivo no tiene injerencia legal en el asunto“.
En respuesta, un portavoz de FEMA declaró al medio citado que las medidas buscan fortalecer la integridad electoral y proteger la democracia estadounidense. Sin embargo, los estados sostienen que las nuevas condiciones violan la Ley de Procedimiento Administrativo y la Cláusula de Gasto de la Constitución, por lo que solicitaron a un juez federal bloquear su aplicación y ordenar la liberación de los recursos.
