La Opinión.
Un nuevo fallo del sistema migratorio podría cambiar de forma significativa el alcance del programa DACA, al establecer que contar con este estatus no es suficiente, por sí solo, para frenar una deportación.
La decisión fue emitida por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), un órgano dependiente del Departamento de Justicia (DOJ) cuyas resoluciones sientan precedentes para jueces de inmigración en todo el país. De acuerdo con un reporte de NPR, el fallo respalda la postura del gobierno federal y podría debilitar las protecciones de cientos de miles de jóvenes migrantes conocidos como “Dreamers”.
El caso que detonó esta resolución es el de Catalina “Xóchitl” Santiago, beneficiaria de DACA, quien fue detenida en agosto pasado en el aeropuerto de El Paso mientras abordaba un vuelo nacional. Aunque posteriormente fue liberada por orden de un juez federal, su situación legal sigue en disputa.
Inicialmente, el juez de inmigración Michael Pleters había puesto fin al proceso de deportación al considerar su estatus vigente bajo DACA. Sin embargo, un panel de tres jueces de la BIA revocó esa decisión al concluir que el magistrado cometió un error al basarse únicamente en ese argumento.
“El juez de inmigración cometió un error”, señala la orden, al tiempo que subraya que DACA no otorga un estatus legal permanente ni garantiza inmunidad frente a procesos de expulsión.
El fallo no implica una deportación inmediata en el caso de Santiago, pero sí reabre el proceso y sienta una base jurídica más estricta para casos similares.
Organizaciones defensoras de inmigrantes han reaccionado con preocupación. Juliana Macedo do Nascimento, subdirectora de Incidencia de United We Dream, advirtió que la medida forma parte de un patrón más amplio.
“Durante más de una década, DACA ha soportado ataques con motivaciones políticas. Esta decisión representa un paso más en su desmantelamiento”, afirmó al medio antes citado.
El contexto político también es clave.
La administración de Donald Trump ha impulsado diversas acciones para limitar beneficios a inmigrantes con estatus temporal. Desde restricciones en el acceso a servicios de salud hasta investigaciones a universidades que ofrecen apoyos financieros, la presión sobre este grupo ha ido en aumento.
Actualmente, cerca de medio millón de personas están inscritas en DACA, un programa creado en 2012 para proteger de la deportación a quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños. Sin embargo, la iniciativa nunca ha ofrecido una vía directa hacia la residencia permanente o la ciudadanía.
En 2025, funcionarios del DHS comenzaron a instar a los beneficiarios de DACA a que se deportaran voluntariamente, argumentando que el programa en sí no equivale a otorgar automáticamente un estatus legal.
El programa DACA ofrece protección temporal contra la deportación, pero no es una vía inmediata hacia la ciudadanía ni la residencia permanente. Los participantes deben renovar su protección cada dos años.
Datos del Departamento de Seguridad Nacional citados por el mismo medio indican que, entre enero y noviembre del año pasado, al menos 261 beneficiarios de DACA fueron arrestados y 86 deportados, lo que refuerza la idea de que la protección es limitada.
“DACA es temporal. No conlleva ningún derecho a permanecer indefinidamente en Estados Unidos”, señaló en su momento la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una carta dirigida al Senado.
El fallo podría tener implicaciones profundas en el sistema migratorio. Al tratarse de una decisión con carácter precedente, influirá en cómo se interpretan y aplican las leyes migratorias en todo el país.
La orden del viernes es el último paso del gobierno de Trump para eliminar las protecciones de los beneficiarios de DACA.
