AP.
La Corte Suprema acordó el viernes considerar la prohibición del presidente Donald Trump sobre el asilo en la frontera sur, un pilar de la amplia represión del presidente republicano contra la inmigración.
La administración Trump está pidiendo a los magistrados que revoquen las decisiones de tribunales inferiores que consideraron ilegal bloquear las solicitudes de asilo tras una orden ejecutiva que calificaba la situación en la frontera sur de “invasión”. Esta demanda es la más reciente de una serie de casos de inmigración que se encuentran ante el Tribunal Supremo.
La ley federal permite a las personas solicitar asilo si temen ser perseguidas en sus países de origen, independientemente de cómo hayan llegado a Estados Unidos.
Al mismo tiempo, también permite que el poder ejecutivo decida si se concede asilo a las personas. La administración Trump argumenta que puede negar categóricamente el asilo a los migrantes amparados por la orden y que no debería tener que aceptar solicitudes destinadas a ser rechazadas.
Los fiscales federales afirman que los largos plazos de tramitación, que se prolongaban durante años, habían contribuido anteriormente a una importante afluencia de migrantes en la frontera sur, ya que muchos eran liberados en el país mientras esperaban una decisión.
«Desde que la proclamación entró en vigor, los encuentros en la frontera han disminuido un 93 %, alcanzando los niveles más bajos desde la década de 1960», escribió el procurador general D. John Sauer. La orden ejecutiva ha sido «el factor más importante en el éxito del presidente en la frontera», afirmó el asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, en una publicación en redes sociales.
Abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y de varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes replican que los cruces fronterizos ya estaban disminuyendo antes de que Trump asumiera el cargo.
Afirman que su orden ejecutiva es un intento ilegal de “inventar por decreto un nuevo sistema de expulsión que anula” las protecciones legales destinadas a proteger a las personas que huyen del peligro en sus países de origen.
El poder ejecutivo decide si concede o no el asilo, que permite a las personas vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, se supone que esas decisiones deben tomarse de forma individual, y la ley no permite que la administración impida unilateralmente que las personas siquiera presenten su solicitud, argumentan los abogados de inmigración.
«Los demandantes en este caso huyeron de la persecución y la tortura, incluyendo el encarcelamiento político y las amenazas de los talibanes», declaró Keren Zwick, directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. «Sin embargo, la administración Trump se negó a cumplir con su obligación de considerar sus solicitudes de asilo».
La prohibición fue una de las varias restricciones migratorias que Trump implementó a su regreso al cargo en 2025. Se ha mantenido vigente durante el litigio.
Se espera que el Tribunal Supremo examine el caso en primavera y emita un fallo a finales de junio.
Este es el tercer caso importante de inmigración que el Tribunal Supremo examinará en este período. Los magistrados también decidirán si las personas pueden ser deportadas rápidamente a países distintos de su lugar de origen y si los inmigrantes pueden ser detenidos indefinidamente durante los procedimientos de deportación.
A principios de este año, los magistrados fallaron a favor del gobierno en otro caso de asilo, allanando el camino para que la administración Trump pudiera reactivar una política de “control de acceso” que se ha utilizado para rechazar a inmigrantes en la frontera en años anteriores.
