Demócratas hispanos buscan acuerdo con Trump para impulsar reforma migratoria.

Tras recuperar el control del Congreso, los legisladores buscaron negociar con la Casa Blanca una reforma que beneficie a millones de inmigrantes.

La Opinión.

Tras la derrota republicana en las elecciones de medio mandato, legisladores demócratas de origen hispano propusieron este miércoles abrir negociaciones con Donald Trump para alcanzar una reforma migratoria que permita regularizar la situación de millones de inmigrantes que viven y trabajan en el país desde hace décadas.

La iniciativa surgió una semana después de los comicios del 3 de noviembre, en los que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, un resultado que abrió nuevas posibilidades de negociación con la Casa Blanca, según informó la agencia EFE.

El senador Rubén Gallego, el congresista electo Bobby Pulido y los representantes Henry Cuéllar, Vicente González y Joaquín Castro se reunieron en Washington con integrantes de la Coalición Empresarial Estadounidense de Acción por la Inmigración (ABIC Action) y la Asociación de Constructores del Sur de Texas (STBA).

Durante el encuentro, los participantes plantearon la necesidad de impulsar permisos de trabajo y mecanismos de regularización para inmigrantes de larga residencia que carecen de antecedentes delictivos, así como establecer condiciones que permitan proteger a sus familias.

Gallego, considerado una de las figuras emergentes del Partido Demócrata, defendió la posibilidad de alcanzar acuerdos con el mandatario republicano, pese a las diferencias que ambos mantienen sobre política migratoria.

“Es necesario que alguien luche con fuerza por nosotros, lo que podría incluir, potencialmente, llegar a un acuerdo con Donald Trump”, declaró el senador.

“Sé que hay personas dispuestas a dialogar y buscar alianzas. Como líderes, tenemos la responsabilidad de intentar proteger a tantas familias latinas como sea posible”, añadió.

El legislador insistió en que la negociación debía comenzar antes de la instalación del nuevo Congreso, prevista para el 3 de enero de 2027, y pidió evitar que las diferencias partidistas impidieran alcanzar resultados.

“Todavía hay tiempo para lograr un acuerdo”, afirmó Gallego, quien agregó: “Debemos esforzarnos por trabajar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. No es momento para disputas”.

La propuesta coincidió con un cambio en el discurso de Trump, quien reconoció que su política de deportaciones pudo haber sido excesivamente severa y perjudicial para los republicanos durante las elecciones legislativas.

En una entrevista transmitida el domingo por el programa 60 Minutes, de CBS News, el mandatario admitió que las medidas contra inmigrantes sin documentos afectaron a personas que tenían empleos y contribuían a la economía estadounidense.

“Creo que fue demasiado dura”, reconoció Trump, quien también expresó su disposición a negociar con los demócratas una solución para determinados inmigrantes que trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos.

Sin embargo, el presidente no presentó una propuesta concreta y posteriormente afirmó que su política migratoria no había cambiado, según reportaron CBS News y The Washington Post.

Pese a este escenario, el congresista Henry Cuéllar aseguró que ya existían contactos con funcionarios federales para explorar posibles acuerdos.

El representante afirmó “estar en conversaciones con la Administración sobre el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)” y reiteró la disposición de los legisladores demócratas a colaborar con el Gobierno.

“Reitero nuestra disposición a colaborar: si ellos quieren trabajar con nosotros, nosotros trabajaremos con ellos”, sostuvo.

Los congresistas señalaron que buscarían avances durante las últimas semanas de 2026, cuando los republicanos todavía conservarían el control legislativo. Si las conversaciones no prosperaban, anunciaron que retomarían la iniciativa con las nuevas mayorías demócratas a partir de enero.

No obstante, una reforma integral todavía enfrentaría dificultades por las diferencias entre ambos partidos y la facultad presidencial de vetar proyectos aprobados por el Congreso, según un análisis publicado por Reuters.