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El principal funcionario fronterizo del gobierno de Trump defendió los planes para construir un muro y otras infraestructuras en la región de Big Bend, en Texas, a pesar de la creciente oposición al proyecto y la suspensión de la construcción ordenada por un tribunal, afirmando que su objetivo de fortificar las fronteras del país era “innegociable”.
En una entrevista exclusiva con Associated Press, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, argumentó que el proyecto del muro de 46 mil millones de dólares estaba justificado a pesar de una coalición bipartidista de terratenientes, empresas locales y ambientalistas que lo consideran un despilfarro del dinero de los contribuyentes que podría ser destructivo para una región con un número históricamente bajo de cruces migratorios.
“Nuestro principal objetivo desde el principio es saber quién y qué entra en Estados Unidos”, declaró Scott el jueves. Si la región de Big Bend se quedara sin muro ni infraestructura fronteriza, mientras que otras zonas fronterizas sí contaran con esas fortificaciones, afirmó: “Estoy completamente convencido de que sería invadida y destruida por completo”.
La disputa por Big Bend se ha convertido en una prueba importante para determinar hasta dónde está dispuesta a llegar la administración republicana con respecto al muro fronterizo, el proyecto de infraestructura emblemático del presidente Donald Trump.
Scott, un ex agente de la Patrulla Fronteriza, fue el elegido por Trump para completarlo.
Su agencia es responsable de ejecutar un plan financiado el verano pasado por los republicanos en el Congreso para delimitar la frontera con México, de aproximadamente 3.200 kilómetros (2.000 millas), con una combinación de muros de acero de 9 metros (30 pies) de altura, barreras para vehículos, nuevas carreteras y tecnología de vigilancia para prevenir la inmigración ilegal y el contrabando.
La administración Trump afirma que está construyendo unos 19 kilómetros (12 millas) por semana. Scott, quien recibe actualizaciones diarias sobre el progreso, indicó que la obra estará terminada para finales del segundo mandato de Trump. El muro fronterizo principal —algunas zonas también contarán con una capa secundaria— estará listo para finales de diciembre de 2027.
“De hecho, vamos adelantados al cronograma”, dijo Scott.
Big Bend es una prueba para los planes de la administración Trump para el muro.
El proyecto del muro ha encontrado resistencia en lugares como Big Bend. La administración Trump sufrió un duro revés a principios de este mes cuando un juez ordenó la suspensión de la construcción del muro fronterizo en la región, argumentando que existía la posibilidad de que los demandantes sufrieran daños graves e irreparables sin una orden judicial. La administración ha solicitado a la Corte Suprema que revoque la orden.
El fallo incluía cualquier construcción en el Parque Nacional Big Bend, una zona que ha provocado una fuerte protesta bipartidista, incluso por parte de algunos legisladores republicanos.
Tras avistarse excavadoras removiendo el terreno del parque en agosto, Scott ordenó la suspensión de toda actividad de construcción en la zona mientras se reunía con los residentes de la región. Añadió que la agencia está realizando otras gestiones con la comunidad local para dialogar sobre cómo construir proyectos que no dañen el parque.
“Estamos analizando la situación para determinar cuál es la solución adecuada para esa zona”, dijo.
Scott dijo que no puede entrar en detalles específicos sobre cuáles son los planes de la agencia para el parque debido a los numerosos litigios en curso, pero reiteró que el proyecto no incluirá altos muros de acero.
También afirmó que el objetivo declarado de la agencia, que es proteger al país y saber qué entra y qué sale, es “innegociable”.
Afirmó que las formidables barreras naturales de la región no eran suficientes para impedir que la gente entrara ilegalmente al país por otros puntos más accesibles. Asimismo, expresó su preocupación de que los cárteles que controlan el contrabando desde México hacia Estados Unidos aprovecharan cualquier oportunidad.
La CBP ha sido criticada por sus tácticas de control migratorio.
Scott dirige una agencia con 67.000 empleados responsables de controlar quién y qué entra en el país a través de los pasos fronterizos oficiales, como aeropuertos o puertos marítimos, y de detener el contrabando ilegal y la migración fuera de esos puntos fronterizos oficiales.
La agencia fue objeto de un intenso escrutinio el año pasado cuando sus agentes fueron enviados a ciudades del interior del país para ayudar a llevar a cabo la represión migratoria de Trump junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Mientras las protestas contra una operación sacudían Minneapolis, un agente de la Patrulla Fronteriza y un agente de la CBP se enfrentaron en un tiroteo que acabó con la vida del ciudadano estadounidense Alex Pretti. El tiroteo provocó que la administración Trump pusiera fin a las redadas de alto perfil en la ciudad. Gregory Bovino, un agente de la CBP que fue la cara visible de estas misiones, quien dirigió una incursión en helicóptero en un gran edificio de apartamentos y utilizó agentes químicos para reprimir a los manifestantes, se jubiló a principios de este año.
Scott afirmó que, si bien la CBP aún colabora con el ICE, su participación en la aplicación de las leyes de inmigración lejos de las fronteras del país ha disminuido debido a que el ICE ha contratado a más agentes. Scott no quiso hacer comentarios sobre la investigación del asesinato de Pretti, alegando que el FBI se encargaba de ella y que aún estaba en curso. Al preguntársele sobre las tácticas de Bovino, indicó que el agente no le reportaba directamente durante las operaciones.
Scott habló con la AP justo en la frontera con Canadá, donde se reunió con representantes de seguridad fronteriza de otros países para compartir información sobre amenazas y tendencias. Durante su viaje, visitó un centro de operaciones donde, según comentó, las fuerzas del orden canadienses y estadounidenses colaboran, y acompañó a una unidad de la CBP encargada de patrullar las vías fluviales frente a la costa del estado de Washington para comprender los desafíos que implica detener a los contrabandistas en la red de islas y ensenadas.
“Tenemos este enorme entorno marino donde hay barcos legítimos navegando, hay barcos de pesca navegando, y estamos tratando de… encontrar la aguja en el delito entre un montón de agujas”, dijo Scott.
El comisionado también se reunió con el personal de la CBP en el puesto fronterizo que supervisa el tráfico entre Canadá y la pequeña comunidad de Point Roberts, Washington. Debido a que la estación se encuentra en una península, los empleados de la CBP que trabajan allí tienen que conducir desde el continente a través de Canadá para llegar a su trabajo todos los días.
Esa frontera presenta muchas menos amenazas que la frontera entre Estados Unidos y México. Scott afirmó que los cárteles mexicanos envían cada vez más drones a Estados Unidos para transportar contrabando y vigilar a los agentes de la Patrulla Fronteriza. En México, los cárteles han estado utilizando drones para atacarse entre sí o a las fuerzas del orden mexicanas.
El Departamento de Seguridad Nacional, del que forma parte la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), anunció recientemente restricciones temporales de vuelo dirigidas a la actividad no autorizada de drones en una zona que se extiende una milla (1,6 kilómetros) al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, como medida para contrarrestar a los cárteles.
“Queremos asegurarnos”, dijo Scott, “de que esa amenaza no llegue a Estados Unidos”.
