La Opinión.
Agentes federales armados están llamando a las puertas de viviendas en distintos estados de Estados Unidos para preguntar a sus residentes sobre su estatus migratorio y si se han registrado para votar o han participado en elecciones anteriores. La operación, impulsada por el gobierno de Donald Trump, ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre el riesgo de intimidar a ciudadanos con derecho al voto.
Una investigación de CBS News reveló que las visitas forman parte de una campaña para identificar a posibles votantes no ciudadanos antes de las elecciones de mitad de mandato. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que podría haber hasta 250,000 personas no ciudadanas registradas para votar, aunque especialistas electorales cuestionan la precisión de esa cifra.
Sin embargo, los datos citados en la investigación indican que Estados Unidos cuenta con alrededor de 227 millones de votantes registrados, mientras que el Departamento de Justicia (DOJ) ha informado de 156 personas acusadas de delitos relacionados con el fraude electoral desde el inicio de la administración Trump.
Para Jessica Marsden, abogada de Protect Democracy, el despliegue representa una intervención inusual del gobierno federal en los procesos electorales estatales. La organización ha demandado a la agencia por las visitas domiciliarias.
La abogada advirtió que la estrategia podría disuadir a personas que sí cumplen los requisitos para votar. Su preocupación es que la presencia de agentes armados termine generando miedo entre comunidades enteras, incluso entre ciudadanos estadounidenses.
