La Opinión.
Más de 500 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por agentes federales de inmigración durante la actual administración de Donald Trump, incluidos menores de edad, personas que grababan operativos y ciudadanos que, pese a afirmar que tenían la nacionalidad, terminaron bajo custodia o incluso fueron expulsados del país.
Una investigación de ProPublica documentó 506 casos ocurridos desde enero de 2025 hasta septiembre de 2026. El recuento, elaborado a partir de registros judiciales, redes sociales y reportes de medios locales, expone situaciones que contrastan con las declaraciones oficiales sobre las medidas de protección para evitar que ciudadanos estadounidenses sean detenidos por error.
Entre los casos identificados, más de un centenar corresponde a personas retenidas después de que los agentes cuestionaran su ciudadanía. Según el medio, casi todas eran personas de color.
El registro también incluye al menos 70 niños y adolescentes estadounidenses detenidos, algunos de ellos esposados, así como 63 ciudadanos retenidos mientras grababan las actuaciones de los agentes.
Ciudadanos detenidos y acusaciones sin cargos.
La investigación encontró que más de 300 ciudadanos fueron detenidos bajo acusaciones de agredir u obstaculizar a agentes federales. Sin embargo, menos de la mitad de los casos revisados derivaron en cargos formales ante un tribunal federal. En numerosos procedimientos, las acusaciones fueron retiradas o desestimadas.
Además, 36 personas permanecieron detenidas durante al menos un día sin poder comunicarse con un abogado o con sus familiares. El recuento también identificó aproximadamente una docena de ciudadanos deportados, en su mayoría niños.
Uno de los casos más llamativos es el de Brian Morales García, ciudadano estadounidense detenido en Texas después de que los agentes no aceptaran su afirmación de que tenía la nacionalidad ni le permitieran presentar su acta de nacimiento.
Morales García permaneció bajo custodia durante cuatro días sin poder comunicarse con su abogado ni con otras personas. Posteriormente, fue deportado a México. Tras presentar una demanda, consiguió regresar a Estados Unidos con su certificado de nacimiento, según ProPublica.
El perfilamiento racial y los derechos constitucionales.
La investigación también documentó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza, las detenciones de personas que filmaban operativos y las posibles vulneraciones de derechos protegidos por la Constitución estadounidense.
El caso de Willy Wender Aceituno, ciudadano naturalizado que votó por Trump en dos ocasiones, refleja el temor que estas actuaciones han generado entre algunas comunidades. Después de ser detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza, cuestionó los motivos de los operativos.
“El ICE no busca criminales”, dijo Aceituno al medio. “Buscan latinos. Tener papeles en este país no te protege”.
La administración Trump rechaza las acusaciones de detenciones indiscriminadas y perfilamiento racial. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la actuación de sus agentes y sostuvo que sus operaciones son selectivas. También advirtió que quienes interfieran con los operativos pueden enfrentar consecuencias, incluido el arresto.
La investigación reveló que su recuento no representa necesariamente el total de casos. Los investigadores solo incluyeron incidentes en los que pudieron identificar a las personas detenidas y corroborar la información con al menos dos fuentes, salvo algunas excepciones relacionadas con detalles adicionales.
El medio también recordó que los agentes migratorios pueden detener a ciudadanos en circunstancias limitadas, pero subrayó que las garantías constitucionales siguen siendo relevantes durante estos operativos.
Los 506 casos documentados plantean preguntas sobre los mecanismos de supervisión, el uso de la fuerza y la protección de los derechos civiles en el marco de la ofensiva migratoria impulsada por Trump.
