Según el medio citado, el caso refleja las diferencias que existen dentro de la administración Trump sobre el futuro de algunas protecciones migratorias.
Mark Krikorian, director del Center for Immigration Studies, dijo al medio que la decisión de detener el proceso vino directamente de la Casa Blanca. También planteó la posibilidad de que la administración simplemente esté retrasando el anuncio.
“El hecho de que esto se haya retrasado es indicativo de tensión dentro de la Casa Blanca sobre qué hacer”, señaló otra persona cercana al gobierno, según el reporte.
La situación ocurre después de que la administración haya terminado el TPS de personas procedentes de varios países. El programa para El Salvador, creado después de los terremotos de 2001, había sido extendido hasta el 9 de septiembre de 2026.
Sin embargo, al llegar esa fecha, el gobierno no publicó una decisión definitiva. El DHS comunicó que los salvadoreños conservarían la protección mientras esperaba un anuncio posterior.
Miles de familias siguen pendientes.
Para los beneficiarios, el TPS representa algo más que una protección contra la deportación: también permite trabajar legalmente en Estados Unidos mientras el estatus se mantiene vigente.
Muchos salvadoreños llevan décadas en el país y tienen hijos nacidos en Estados Unidos. La agencia AP recogió recientemente el caso de Doris Landaverde, una beneficiaria que lleva más de dos décadas viviendo en el país y que expresó su preocupación por perder su empleo y la estabilidad económica de sus hijas.
“Nosotros hemos vivido aquí legalmente durante décadas”, dijo Landaverde. “Y eso es difícil de borrar”.
El escenario también tiene una dimensión económica. Según datos citados por la misma agencia, los salvadoreños en Estados Unidos enviaron $9,900 millones en remesas a El Salvador durante 2025, una cantidad equivalente al 24% del producto interno bruto del país.
Mientras tanto, el presidente salvadoreño Nayib Bukele mantiene una relación cercana con Donald Trump. El futuro del TPS para salvadoreños continúa, por ahora, sin una decisión definitiva publicada por el gobierno estadounidense.
La Casa Blanca puede retomar la cancelación, anunciar una extensión u optar por otra decisión. Hasta que exista una determinación oficial, los aproximadamente 200,000 beneficiarios permanecen protegidos.
