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El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema que vuelva a autorizar la continuación de las deportaciones rápidas de inmigrantes a terceros países con los que no tienen vínculos.
La apelación se produce después de que tribunales de instancias inferiores determinaran que las personas deben tener la oportunidad de objetar antes de que el Gobierno de Estados Unidos las deporte a países distintos de sus naciones de origen.
Los magistrados permitieron anteriormente que los vuelos de deportación continuaran de manera temporal cuando el caso llegó ante ellos el año pasado. Desde entonces, un tribunal de apelaciones ratificó el fallo definitivo de un juez de Boston, el cual establece que los migrantes deben tener una oportunidad real de argumentar que una deportación a un tercer país los expondría a riesgos de persecución o tortura.
El fallo no prohibió explícitamente dichas deportaciones, pero alarga el proceso. El Gobierno argumenta que la medida que ya provocado la cancelación de un vuelo.
La Administración republicana de Trump ha declarado que envía a personas a terceros países cuando no puede devolverlas rápidamente a sus lugares de origen. Los Gobiernos de esos terceros países ofrecen garantías de que dichas personas no serán perseguidas ni torturadas, según señalaron los abogados.
El Gobierno estadounidense ha deportado a miles de personas en virtud de una serie de acuerdos con casi dos docenas de países, entre ellos Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial y Panamá.
Este mes, los abogados de dos hombres deportados a Guinea Ecuatorial denunciaron que sus clientes fueron golpeados y amenazados a punta de pistola —con las cabezas cubiertas por bolsas— por policías en un hotel reconvertido en centro de detención.
El caso ocurre en medio de una amplia ofensiva migratoria por parte de la Administración Trump, que se ha comprometido a deportar a millones de personas que residen ilegalmente en Estados Unidos.
