La Opinión.
La pelea por las green cards llegó nuevamente a los tribunales. Una coalición de 22 estados y Washington D.C. demandó a la administración de Donald Trump para impedir que entre en vigor una nueva regla de “carga pública” que amplía el margen de los funcionarios de inmigración para evaluar el uso de beneficios públicos de los solicitantes.
La demanda fue presentada en una corte federal de Manhattan y está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. California, Illinois, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin forman parte de la coalición, además de Washington D.C.
La medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está programada para comenzar el 18 de septiembre. De acuerdo con Reuters, el cambio recupera y amplía una política similar aplicada durante el primer gobierno de Trump, que posteriormente fue revertida durante la administración de Joe Biden.
Medicaid, SNAP y hasta comidas escolares.
El centro de la controversia está en qué puede considerar un agente al decidir si una persona podría convertirse en una “carga pública”.
