En el caso salvadoreño, la protección se remonta a 2001, por lo que algunos beneficiarios llevan aproximadamente 25 años bajo este esquema. La posibilidad de perderlo representa mucho más que la expiración de un permiso: para numerosas familias significaría enfrentar nuevamente la incertidumbre migratoria.
El propio DHS señaló que todavía no existe una decisión pública definitiva. En una declaración citada por Los Angeles Times, la dependencia afirmó: “Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección”.
El asesor fronterizo Tom Homan, consultado por el diario, dijo desconocer cuál será la determinación y señaló que corresponde al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
Homan también describió a El Salvador como un país “mucho más seguro” y, al hablar sobre la política general del TPS, defendió la idea de que el programa debe conservar su carácter temporal: “Me alegra que finalmente se esté atendiendo a lo que dice la ley: temporal significa temporal”.
El impacto también alcanza a la economía.
El debate no se limita al futuro migratorio de los beneficiarios. Según cifras difundidas por FWD.us, unos 152,000 salvadoreños con TPS forman parte de la fuerza laboral estadounidense y generan aproximadamente $5.4 mil millones anuales para la economía.
La organización calcula además que pagan alrededor de $1.5 mil millones en impuestos federales, estatales y locales cada año. California encabeza la lista de estados con mayor concentración de beneficiarios, seguida por Texas, Maryland y Nueva York.
Entre los sectores donde trabajan figuran la construcción, transporte, manufactura, mantenimiento de jardines y servicios de alimentos.
Para Lorena Zepeda, salvadoreña de 57 años citada por el medio citado, la discusión tiene una dimensión profundamente personal. “Aunque mi permiso de trabajo ha sido temporal, mi vida aquí no lo es”, afirmó al explicar por qué desea permanecer en Estados Unidos después de haber vivido allí desde principios de la década de 1990.
Mientras el gobierno federal mantiene el anuncio pendiente, las comunidades salvadoreñas permanecen atentas a una decisión que podría modificar su estatus migratorio, sus empleos y la estabilidad de miles de familias.
