La Opinión.
Un tribunal federal ordenó la designación de un supervisor especial para vigilar el cumplimiento del gobierno con el Acuerdo Flores, una decisión que refuerza la protección judicial de los niños inmigrantes bajo custodia federal.
La resolución llegó después de más de un año de denuncias de los abogados que representan a los menores, quienes señalaron incumplimientos persistentes con el acuerdo.
Según los representantes legales, más de 100 declaraciones de niños y familias documentaron detenciones prolongadas y condiciones deficientes en instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El Acuerdo Flores, vigente desde 1997, establece estándares nacionales para la detención, tratamiento y liberación de menores inmigrantes. Entre sus disposiciones está el principio de que los niños deben ser liberados de manera expedita o trasladados a instalaciones autorizadas y adecuadas cuando su permanencia bajo custodia sea necesaria.
La nueva supervisión tendrá alcance sobre distintos aspectos de la custodia migratoria. El monitor deberá revisar cuánto tiempo permanecen los menores bajo custodia de CBP y verificar condiciones como temperatura, espacios para dormir, higiene y acceso a atención médica.
Los abogados del caso denunciaron que algunos niños permanecieron durante semanas o meses en instalaciones de CBP, incluso cuando el acuerdo establece límites para su detención.
Una madre identificada como V.O., quien estuvo detenida con sus cuatro hijos, declaró: “En 20 días no hemos podido usar un teléfono. Tenemos familiares y seres queridos que deben pensar que hemos muerto. Solo queremos comunicarnos con ellos para decirles que estamos vivos y que estamos aquí en California”.
También se reportaron problemas de higiene. K.M., detenida con su esposo y su hija de seis años, afirmó: “No había jabón en nuestra celda para usar después del baño. No había duchas y no nos dejaron bañarnos durante los primeros cuatro días”.
Vigilancia sobre ICE y datos oficiales.
El supervisor especial también deberá revisar el uso de hoteles sin licencia para alojar a menores, las condiciones en el centro familiar de Dilley, Texas, y el acceso de los niños a atención médica e información sobre sus derechos bajo Flores.
Los abogados denunciaron además discrepancias en los datos que ICE y CBP entregan sobre los menores bajo custodia. La supervisión independiente podrá verificar y validar esa información.
La decisión ocurre mientras el gobierno del presidente Donald Trump ha buscado poner fin al Acuerdo Flores. En agosto de 2025, un tribunal federal rechazó una solicitud de la administración para terminar con el acuerdo y mantuvo sus protecciones.
La importancia de la nueva resolución radica en que la vigilancia ya no dependerá únicamente de los reportes del gobierno. El monitor deberá comprobar que los menores sean liberados o trasladados con rapidez cuando las instalaciones no cumplan los estándares y que, mientras permanezcan detenidos, reciban las condiciones básicas establecidas por el acuerdo.
El caso Flores se originó en una demanda presentada en 1985 por niños migrantes y, tras más de una década de litigio, derivó en el acuerdo de 1997 que continúa regulando el trato, la detención y la liberación de menores bajo custodia migratoria. La designación de supervisores independientes representa ahora un nuevo mecanismo judicial para vigilar su cumplimiento.
