Un juez federal mantiene vigente una orden de restricción temporal para impedir la construcción del muro fronterizo en un refugio de vida silvestre en Alamo.
El juez federal Juan Alanis declaró el lunes que la orden de restricción se mantendrá vigente hasta el 27 de agosto y fijó otra audiencia sobre la demanda para el 26 de agosto.
Como se informó anteriormente, la demanda fue presentada originalmente ante el tribunal de distrito por el Distrito de Riego No. 2 del Condado de Hidalgo el 30 de julio contra dos empresas: Spencer Construction, LLC y Royal Concrete Products, LLC.
Poco después de que se concediera la orden de restricción inicial, el gobierno federal se unió a la demanda como tercero demandado y el caso fue transferido a un tribunal federal.
En la demanda, el distrito de riego alegó que un canal en el refugio resultó dañado por la construcción del muro fronterizo.
COBERTURA ANTERIOR: Una demanda por posibles daños al canal detiene las obras del muro fronterizo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana.
Las fotografías facilitadas por el distrito de riego muestran materiales de construcción del muro perimetral y maquinaria pesada a lo largo del canal, así como grandes hoyos que, según la demanda, están provocando que la tierra caiga al canal.
“Si se permite a Spencer continuar con las actividades de construcción, incluyendo la excavación, la colocación de materiales y la instalación de componentes del muro perimetral, y si se permite a Royal continuar ingresando a la propiedad del demandante, operando camiones de concreto y vertiendo concreto, la interferencia y el daño resultantes pueden volverse permanentes y afectar sustancialmente la capacidad del demandante para operar y mantener su sistema de riego”, afirma la demanda.
Durante la audiencia del lunes, el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Lance Duke, quien representa al gobierno federal, dijo que necesitaban más tiempo para reunir la documentación y un resumen del título de propiedad para determinar si el terreno donde se encuentra el canal es propiedad federal.
“Somos dueños de este terreno; hay cierta confusión en cuanto a la propiedad”, le dijo Duke a Alanis. Tras la audiencia, se negó a hacer comentarios.
Lance Kirby, abogado del distrito de riego, dijo que el terreno pertenece al condado.
Rubén Peña, el abogado que representa a las constructoras, afirmó que si el título de propiedad demuestra que el condado es dueño del terreno, “entonces se trata de una cuestión de expropiación forzosa, por lo que el gobierno estará obligado a pagar el valor justo de mercado al distrito de riego. Eso es todo”.
Peña agregó que las empresas constructoras están recibiendo sus pedidos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Denisse Carreon, portavoz de la organización sin fines de lucro We the People RGV, asistió a la audiencia. Declaró que los posibles daños al canal afectarían negativamente la cadena alimentaria en el Valle del Río Grande, ya que el canal abastece de agua a miles de hectáreas de cultivos en la zona.
“Esto va a trastocarlo todo”, dijo Carreon. “Es importante que protejamos nuestros canales de riego, y esos diques deben dejarse intactos para protegernos de las inundaciones, especialmente durante la temporada de huracanes. ¿Qué va a pasar cuando el río se desborde?”
