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Un comité del Senado votó el jueves siguiendo las líneas partidistas para declarar al Dr. Anthony Fauci en desacato al Congreso por su negativa a responder preguntas en una audiencia sobre su manejo de la pandemia de COVID-19, lo que prepara el terreno para una remisión al Departamento de Justicia para una posible investigación sobre si el veterano máximo funcionario de enfermedades infecciosas del país ejerció adecuadamente sus derechos constitucionales.
La votación que aprobó la resolución por desacato se produjo una semana después de que Fauci invocara su derecho a no autoincriminarse, amparado en la Quinta Enmienda, en más de 100 ocasiones cuando compareció ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, un episodio que planteó nuevas cuestiones legales sobre la capacidad del Congreso para obligar a testificar a un testigo previamente indultado.
El senador republicano Rand Paul de Kentucky, presidente del comité que presionó para que se declarara a Fauci en desacato, afirmó que la protección constitucional no se aplicaba porque el año pasado Fauci recibió un indulto del presidente demócrata Joe Biden y, por lo tanto, no tenía que preocuparse por la amenaza de ser procesado. Fauci y los demócratas que se opusieron unánimemente a la resolución de desacato argumentaron que tenía un temor fundado a autoincriminarse, dado el deseo público de los republicanos de procesarlo.
«El Dr. Fauci no corría ningún riesgo de ser procesado federal», declaró Paul al inicio de la audiencia del jueves. «Lo único que tenía que hacer era decir la verdad». Paul ha manifestado su intención de remitir el caso directamente al Departamento de Justicia, en lugar de hacerlo primero al pleno del Senado, a pesar de las dudas de los demócratas sobre la legalidad de dicha medida.
Fauci, en un comunicado la semana pasada en el que explicaba su decisión de acogerse a la Quinta Enmienda, dijo que tenía buenas razones para temer la posibilidad de cargos penales, dado lo que él describió como la determinación de Paul de “conseguir que yo dijera algo, cualquier cosa, que pudiera justificar sus repetidas promesas públicas de que yo terminara, en sus palabras, cito, tras las rejas, fin de la cita”.
El abogado de Fauci, David Schertler, declaró que la resolución por desacato era “una continuación de la venganza personal del senador Paul contra el Dr. Fauci, quien dedicó 50 años a la salud pública y ha salvado innumerables vidas”. Schertler acusó a Paul de abusar de su poder al intentar “instrumentalizar al Departamento de Justicia”.
«La votación partidista de hoy en el comité es una burda maniobra política destinada a castigar al Dr. Fauci por ejercer sus derechos constitucionales», declaró Schertler. «El Senado debería rechazar la resolución de desacato del senador Paul, que carece de fundamento y tiene motivaciones políticas. Durante años, el senador Paul ha proclamado a los cuatro vientos que el Dr. Fauci debería ser procesado y encarcelado. El Dr. Fauci no ha cometido ningún delito, y el senador Paul lo sabe».
El indulto de Biden cubrió actos desde 2014 hasta enero de 2025, fecha en que se emitió. No exime a Fauci de enjuiciamientos estatales ni de investigaciones sobre testimonios que haya dado y que los legisladores consideraran falsos. Los republicanos han promovido repetidamente la idea de que Fauci debería ser acusado en relación con la COVID-19. Mientras tanto, la administración Trump ha cuestionado la validez de los indultos de Biden, dado el uso frecuente que este hacía de un autenticador para asuntos oficiales.
“El objetivo era esperar a que el Dr. Fauci hiciera alguna declaración errónea y luego contar con un Departamento de Justicia instrumentalizado para presentar cargos penales por esa nueva declaración que no habría estado cubierta por el indulto, dejando al Dr. Fauci con pocas opciones más que invocar su derecho constitucional a no caer directamente en una trampa”, dijo la senadora Maggie Hassan, DN.H., antes de la votación.
Dado que Paul tiene la intención de remitir el caso directamente al Departamento de Justicia, correspondería al fiscal federal en Washington decidir si investiga o intenta procesar a Fauci por desacato. Una remisión del Congreso no obliga a los fiscales a actuar.
El principal demócrata del comité, el senador Gary Peters de Michigan, dijo que Paul socavaría el respeto que el Congreso ha mantenido durante mucho tiempo por las protecciones de la Quinta Enmienda y cuestionó si la remisión sería válida si Paul eludiera a todo el Senado, donde se considera improbable que se obtengan los 60 votos necesarios para aprobar la resolución.
“Si este comité pretende ahora castigar a un testigo por hacer valer sus derechos constitucionales protegidos por la Quinta Enmienda, los futuros testigos argumentarán que comparecer ante el Congreso los expone a un castigo independientemente de si cumplen con una citación e invocan una protección constitucional”, dijo.
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La corresponsal de AP en el Congreso, Lisa Mascaro, contribuyó a este informe.
