La Opinión.
Un tribunal federal concedió una orden de emergencia que impide, por ahora, la aplicación de nuevas políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que amenazaban con dejar sin permiso de trabajo a miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La resolución representa un revés temporal para la administración del presidente Donald Trump, ya que suspende la entrada en vigor de medidas que, según organizaciones defensoras de inmigrantes, podían provocar la cancelación de autorizaciones de empleo y el rechazo de solicitudes de asilo sin ofrecer garantías suficientes de debido proceso.
Orden judicial protege permisos laborales.
De acuerdo con los demandantes, miles de beneficiarios del TPS corrían el riesgo de perder su autorización laboral a partir del 22 de julio, como consecuencia de las políticas implementadas por el USCIS para aplicar parte de la legislación conocida como One Big Beautiful Bill Act.
Además, los cambios también podían afectar a personas que buscan asilo en Estados Unidos, al permitir el rechazo de sus solicitudes y la cancelación inmediata de sus permisos de trabajo.
La demanda fue presentada por la Venezuelan Association of Massachusetts, la National TPS Alliance, el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), el sindicato SEIU y 32BJ SEIU, con representación legal de Democracy Forward, la National Day Laborer Organizing Network y ASAP.
Organizaciones celebran la decisión judicial.
Tras conocerse el fallo, las organizaciones demandantes aseguraron que la resolución evita un daño inmediato para miles de familias.
“Esta decisión protege a miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del TPS de un daño inmediato e irreparable mientras el caso continúa. Sin este alivio, muchas familias que han cumplido la ley habrían perdido de forma repentina su autorización de empleo y la posibilidad de mantenerse por sí mismas”, señalaron en un comunicado conjunto.
Los grupos también afirmaron que seguirán litigando para que las políticas impugnadas sean anuladas de manera definitiva, al considerar que incumplen las protecciones establecidas por el Congreso para quienes buscan refugio o cuentan con TPS.
El caso, identificado como Venezuelan Association of Massachusetts et al. v. USCIS et al., continuará en los tribunales mientras se analiza el fondo de la demanda.
