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La fiscalía de Estados Unidos registró en documentos oficiales que el cártel mexicano La Nueva Familia Michoacana ha operado con impunidad desde hace dos décadas.
A través de un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés), se informó que el fiscal federal Justin R. Simmons anunció en una conferencia de prensa una serie de acusaciones contra integrantes de esta organización por delitos de narcotráfico, contrabando de armas, de migrantes y lavado de dinero.
Tras la acusación formal presentada contra 21 personas, entre ellas los hermanos Hurtado Olascoaga, el fiscal detalló que la organización denominada como terrorista se ha mantenido activa en territorio estadounidense y en los estados mexicanos de Michoacán, Guerrero y Estado de México.
Desde el pasado 1 de enero de 2006, las autoridades registraron que Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, han traficado drogas, armas y personas sin que hasta el momento se conozca su ubicación.
Las autoridades estadounidenses ofrecen un total de 5 millones de dólares por información que conduzca al paradero de “El Fresa”, mientras que por “El Pez”, su hermano, sólo 3 millones de dólares.
¿Cuáles han sido las actividades de La Nueva Familia Michoacana?
Entre los nombres de los 21 acusados, destacan los de dos sujetos identificados como Edgar Aguilar Cruz y Rogelio Estrada Jaramillo; ambos habrían conspirado para la compra y venta de armamento en Estados Unidos.
De acuerdo con la información, el 1 de junio de 2020 los dos aliados de “El Fresa” y “El Pez” adquirieron el siguiente armamento: un rifle calibre 50, siete más calibre 7.62, uno más tipo AR-15.
Así como una escopeta calibre 12, una pistola calibre 45, cinco pistolas de 9 milímetros y cinco cargadores de tambor de 100 cartuchos y casi mil 500 de munición para diversas armas de fuego.
Mientras que el 1 de junio de 2020 y 2024 Edgar Aguilar Cruz patrocinó la compra del armamento que almacenó y vendió a territorio estadounidense. El 30 de septiembre de 2021, Rogelio Estrada Jaramillo intentó exportarlas a México a través de la frontera de Laredo.
Así como los registros antes mencionados, de acuerdo con los documentos oficiales del DOJ, la trata de personas comprobada por las autoridades ocurrió cuando el 15 de marzo de 2021 un vehículo que transportaba migrantes engañados por el cártel chocó y ocho de ellos perdieron la vida.
¿Quiénes son los narcotraficantes “El Pez” y “El Fresa”?
De acuerdo con los reportes de seguridad e información de medios locales —de las entidades donde opera el cártel—, ambos hermanos lideran a La Nueva Familia Michoacana.
Sin embargo, la investigación apunta a que Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, es el segundo al mando después de que su hermano José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, asumiera el liderazgo oficial.
Por otro lado, habría un tercer al mando y este es identificado como Josué López Hernández.
La organización criminal ha tomado fuerza y se ha vuelto cada vez más violenta, especializándose en los delitos de tráfico de personas y armamento.
¿Cómo opera La Nueva Familia Michoacana en México?
Según el gobierno mexicano, el cártel ha extendido sus modus operandi con la extorsión, acaparamiento y control absoluto.
La organización no sólo somete a comerciantes mediante la violencia y el miedo, sino que creó un sistema de distribución y comercialización paralelo que obliga a constructores, minoristas y consumidores a operar bajo sus condiciones y a precios desproporcionados, de acuerdo con el fiscal del Estado, José Luis Cervantes Martínez.
En regiones bajo su dominio, el kilo de bistec —que en promedio cuesta 205 pesos— se vende en 250. El millar de block, que ronda los nueve mil pesos, es comercializado por hasta 20 mil en los establecimientos vinculados al cártel.
A través de “empresas fantasma” y supuestos “sindicatos”, como el Sindicato Libertad y Sindicato Bradosva, la organización impone su hegemonía sobre sectores estratégicos: materiales de construcción, vidrio, aluminio, acero, madera, carne, pollo e incluso servicios de mensajería y carga.
Las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Fiscalía estatal revelan no sólo la dimensión del poder y el control impuesto por ellos en las regiones rurales y suburbanas del Estado de México, sino también la profundidad con la que las estructuras criminales han penetrado el tejido económico y político local.





