La Opiníon.
Miles de inmigrantes de Haití y Siria enfrentan un futuro incierto en Estados Unidos después de que la Corte Suprema permitiera a la administración de Donald Trump avanzar con la eliminación de las protecciones migratorias que les permitían vivir y trabajar legalmente en el país.
En una votación de 6-3, el máximo tribunal rechazó los argumentos de quienes buscaban mantener vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) mientras continuaban las disputas legales. La decisión abre la puerta para que unos 350 mil haitianos y cerca de 6 mil sirios puedan perder su protección contra la deportación.
La resolución representa una nueva victoria para la estrategia migratoria de Trump, que durante su segundo mandato ha impulsado la cancelación de diversos programas humanitarios creados para personas que escaparon de conflictos armados, crisis políticas y catástrofes naturales.
Un fallo que impacta a miles de familias.
El programa TPS fue creado por el Congreso en 1990 para ofrecer protección temporal a ciudadanos de países afectados por situaciones extraordinarias que hacen inseguro su regreso; sin embargo, el juez conservador Samuel Alito afirmó que los magistrados se extralimitaron en sus funciones al cuestionar la decisión del gobierno. El tribunal también rechazó la alegación de que la decisión de eliminar las protecciones para los haitianos fuera discriminatoria.
Abogados y grupos defensores de inmigrantes sostuvieron ante la Corte que muchos beneficiarios del TPS podrían enfrentar situaciones extremas si son obligados a regresar.
“Las personas correrían el riesgo de morir si fueran enviadas de vuelta”, argumentaron representantes de los demandantes durante el litigio.
Beneficiarios alertan sobre el impacto humano del fallo.
La decisión de la Corte Suprema provocó una ola de críticas entre beneficiarios del TPS, organizaciones de derechos migratorios y expertos legales, quienes advirtieron sobre las consecuencias que podría tener para miles de familias establecidas desde hace años en Estados Unidos.
Dahlia Doe, beneficiaria siria del TPS y demandante en el caso, calificó el fallo como un “golpe devastador” para quienes construyeron sus vidas en el país bajo la protección del programa. Señaló que la resolución no solo afecta un estatus legal, sino también la estabilidad de familias enteras que ahora enfrentan incertidumbre sobre su futuro.
Por su parte, Viles Dorsainvil, beneficiario haitiano del TPS y director ejecutivo del Centro de Apoyo Haitiano, afirmó que la decisión genera miedo entre miles de familias. “Haití no es seguro, y todos lo saben”, sostuvo, al advertir que el fallo no cambia la realidad que enfrentan quienes podrían verse obligados a regresar.
Organizaciones piden al Congreso intervenir
Desde el ámbito legal, varias organizaciones acusaron a la Corte Suprema de abrir la puerta a una crisis humanitaria. Lupe Aguirre, subdirectora de litigios del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), afirmó que la decisión deja expuestos a cientos de miles de inmigrantes a la detención y la deportación, incluidos profesionales de la salud y trabajadores esenciales.
En la misma línea, Ahilan Arulanantham, profesor de Derecho en UCLA, señaló que el fallo debilita una protección humanitaria creada por el Congreso hace más de tres décadas. A su juicio, millones de personas que forman parte de comunidades en todo el país podrían quedar vulnerables a ser enviadas de regreso a naciones que aún enfrentan graves crisis.
Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organizaciones de Trabajadores Jornaleros (NDLON), sostuvo que ahora corresponde al Congreso actuar para evitar lo que describió como una “tragedia inminente”, mientras diversos grupos migratorios continúan presionando para que se restablezcan las protecciones del TPS.
