La Opinión.
La Corte Suprema de Estados Unidos dio una victoria clave a la administración de Donald Trump al resolver que los inmigrantes que permanecen del lado mexicano de la frontera no tienen derecho a solicitar asilo ni a ser procesados por autoridades migratorias estadounidenses hasta que crucen físicamente a territorio estadounidense.
En una decisión de 6 votos contra 3, los magistrados concluyeron que una persona no ha “llegado a Estados Unidos”, según la legislación migratoria federal, mientras continúe en México, incluso si se encuentra frente a un puerto de entrada o intenta presentar una solicitud de protección. La resolución corresponde al caso Mullin v. Al Otro Lado y podría tener importantes efectos en la política migratoria.
¿Qué significa el fallo para los solicitantes de asilo?
La decisión abre la puerta para que el gobierno reactive o amplíe mecanismos de control fronterizo que limiten el acceso de inmigrantes a los puertos de entrada, una práctica conocida como “metering”, utilizada durante el primer mandato de Trump.
La mayoría conservadora del tribunal sostuvo que la ley es clara: una persona “llega” a Estados Unidos únicamente cuando cruza la frontera. Bajo esa interpretación, las autoridades migratorias no están obligadas a inspeccionar ni procesar solicitudes de asilo de personas que aún permanecen en territorio mexicano.
Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, el fallo representa un cambio significativo en el acceso al sistema de protección internacional de Estados Unidos, ya que permite rechazar a solicitantes antes de que pisen suelo estadounidense.
La dura advertencia de Sotomayor.
La decisión contó con el respaldo de los jueces conservadores encabezados por el magistrado Samuel Alito. Sin embargo, las juezas liberales expresaron una fuerte oposición.
En una opinión, la jueza Sonia Sotomayor advirtió que el fallo permite al gobierno bloquear físicamente a personas que buscan refugio, incluso cuando enfrentan riesgos graves en sus países de origen. Según escribió, la decisión permitiría que agentes fronterizos impidan el acceso a procedimientos migratorios obligatorios “incluso si el solicitante de asilo tiene la certeza de ser perseguido o asesinado si se le niega la entrada”.
Y agregó: “La decisión de la Corte de hoy es una muesca más en su cinturón, que consiste en rehacer la ley descaradamente a su imagen y semejanza”.
La resolución representa una de las decisiones migratorias más relevantes del año y fortalece la postura de la administración Trump sobre el control de la frontera sur.
Organizaciones alertan sobre el impacto del fallo.
Organizaciones de defensa de inmigrantes cuestionaron el alcance de la resolución y advirtieron que podría afectar a personas que buscan protección en la frontera entre Estados Unidos y México.
El caso Mullin v. Al Otro Lado estaba relacionado con una política que impedía a algunos solicitantes de asilo ingresar por puertos fronterizos oficiales para iniciar sus procesos, una medida que activistas señalan dejó a miles de personas expuestas a situaciones de riesgo.
Erika Pinheiro, directora ejecutiva de Al Otro Lado, calificó el fallo como un retroceso para los derechos de las personas refugiadas y aseguró que la decisión afecta las garantías que durante décadas permitieron a quienes huían de persecución solicitar protección en Estados Unidos.
La activista advirtió que el endurecimiento de las fronteras podría tener consecuencias graves para personas que escapan de violencia, persecución y crisis humanitarias.
Kelsi Corkran, defensa ante la Corte Suprema.
La directora del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional ante la Corte Suprema señaló que la resolución representa un desafío para las leyes migratorias que históricamente han protegido el derecho a solicitar asilo.
Corkran llamó al Congreso a intervenir para garantizar que las personas que llegan a la frontera puedan acceder a los procesos de protección y no sean regresadas a lugares donde enfrenten peligro.
Melissa Crow, Centro de Estudios de Género y Refugiados.
En tanto, la directora de litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS) consideró que el fallo podría permitir mayores restricciones al sistema de asilo mediante decisiones ejecutivas.
