AP.
Un juez federal allanó el camino el miércoles para el plan del presidente Donald Trump de reducir la fuerza laboral federal con un programa de renuncia diferida.
Fue una victoria legal significativa para el presidente republicano después de una serie de reveses en los tribunales.
“Esto demuestra que la guerra jurídica no prevalecerá en última instancia sobre la voluntad de los 77 millones de estadounidenses que apoyaron al presidente Trump y sus prioridades”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
No hubo respuesta inmediata de los sindicatos que habían demandado por el plan de Trump.
El juez federal de distrito George O’Toole Jr. en Boston determinó que los sindicatos no tenían capacidad legal para impugnar el programa, comúnmente descrito como una compra.
Trump quiere utilizar incentivos financieros para alentar a los empleados públicos a que renuncien. Según la Casa Blanca, decenas de miles de trabajadores han aceptado la oferta del gobierno.
El programa de dimisiones diferidas ha sido encabezado por Elon Musk, quien se desempeña como el principal asesor de Trump para reducir el gasto federal. Según el plan, los empleados pueden dejar de trabajar y recibir su salario hasta el 30 de septiembre.
Los sindicatos argumentaron que el plan es ilegal y pidieron a O’Toole que lo mantenga en suspenso y evite que la Oficina de Administración de Personal, u OPM, solicite a más trabajadores que se inscriban.
Un abogado del Departamento de Justicia calificó el plan como una “salida humana” para los empleados federales que pueden haber estructurado sus vidas en torno al trabajo remoto y a los que se les ha ordenado regresar a las oficinas gubernamentales.
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