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Roberto García cruzó la frontera desde México en 2009 en busca de una vida mejor. Desde hace ocho años está casado con una mujer estadounidense y tienen tres hijos que son todos ciudadanos estadounidenses. El único de la familia que no lo es es García.
Hace siete años, solicitó legalizar su estatus a través de un proceso que, de ser aprobado, aún requeriría que regresara a México sin garantía de que se le permitiera regresar a Estados Unidos.
La posibilidad de separarse de su familia o, en el peor de los casos, no poder regresar a su casa en Los Ángeles ha sido estresante. También lo ha sido la espera. Han pasado siete años y García aún no ha conseguido una cita en el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con México.
Ahora, un programa de la administración Biden que se lanzará el lunes permitirá que algunos cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin permiso legal para permanecer en Estados Unidos legalicen su estatus sin salir del país. Eso le está dando a García, y a otros como él, nuevas esperanzas.
“Por fin hay una luz que me dice que esto es posible”, afirma el hombre de 37 años. “Me imagino que pronto tendré los documentos importantes que tanta gente quiere tener”.
El nuevo programa ofrece una oportunidad poco común de eliminar la amenaza de la deportación y algún día obtener la ciudadanía. Pero, para moderar ese entusiasmo, hay una preocupación: ¿quién se beneficiará de lo que se ha descrito como la protección más amplia que Estados Unidos ha otorgado a los inmigrantes en más de una década? ¿Se enfrentará el programa a impugnaciones legales? Y, lo más importante, ¿sobrevivirá a las elecciones presidenciales?
Según la política que el presidente demócrata Joe Biden anunció en junio, muchos cónyuges sin estatus legal podrán solicitar algo llamado “libertad condicional en el lugar”, que ofrece permiso para permanecer en Estados Unidos, solicitar una tarjeta verde y, eventualmente, emprender el camino hacia la ciudadanía.
Para ser elegibles, deben haber estado en Estados Unidos de manera continua durante al menos 10 años, no representar una amenaza para la seguridad ni tener antecedentes penales que los descalifiquen y haber estado casados con un ciudadano antes del 17 de junio, el día anterior al anuncio del programa. Deben pagar una tarifa de $580 para presentar la solicitud y completar un extenso formulario, que incluye una explicación de por qué merecen la libertad condicional humanitaria y una larga lista de documentos de respaldo que demuestren cuánto tiempo han estado en el país.
Presentan su solicitud al Departamento de Seguridad Nacional y, si la aprueban, tienen tres años para solicitar la residencia permanente. Durante ese período, pueden obtener autorización para trabajar.
La administración estima que unas 500.000 personas podrían ser elegibles, además de unos 50.000 de sus hijos.
Antes de este programa, era complicado para las personas que se encontraban en Estados Unidos ilegalmente obtener una tarjeta verde después de casarse con un ciudadano estadounidense. Se les podía exigir que regresaran a su país de origen, a menudo durante años, y siempre corrían el riesgo de que no se les permitiera regresar.
La noticia del programa de Biden desencadenó una oleada de actividad en todo el país, ya que las parejas comprobaron si cumplían los requisitos. Los grupos de inmigrantes se han puesto en contacto para ayudar a la gente a comprender el programa y combatir la desinformación. Algunos lanzaron anuncios de radio.
“Definitivamente hay mucho interés, pero también muchas preocupaciones”, dijo Carolina Castaneda, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes en el Valle Central de California.
Los activistas y abogados dicen que ellos y los solicitantes están sopesando si es un riesgo presentar la solicitud, si el programa sobrevivirá a posibles demandas republicanas y qué sucederá si el republicano Donald Trump, quien ha prometido deportar a millones de inmigrantes, regresa a la Casa Blanca.
Ha habido mucha más vacilación en comparación con el entusiasmo que generó el lanzamiento del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que protegía de la deportación a las personas traídas al país cuando eran niños, dijo Karla Aguayo, directora de servicios legales de CHIRLA, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes con sede en Los Ángeles.
Cuando se anunció DACA en 2012, dijo que miles de personas hicieron fila afuera de la oficina de la organización. En el caso del nuevo programa, solo han sido unas pocas parejas.
Si bien DACA tuvo un grupo de solicitantes mucho más grande, la comunidad inmigrante ha visto cómo estas políticas quedan atrapadas en los tribunales, dijo Aguayo.
“La gente dice: ‘Esto es bonito, pero ¿cuánto durará?'”, dijo.
La organización ha publicado información sobre el nuevo programa en línea y ha celebrado sesiones informativas y citas individuales con los clientes. Aquellos que tengan probabilidades de calificar pueden volver el lunes para presentar su solicitud.
Las parejas elegibles están emocionadas, dijo, “y vienen con un archivo acordeón de documentos que quieren revisar”.
Pero, dijo, su grupo está descubriendo que la mayoría de las personas que atiende no califican. Una de las razones principales: muchos regresaron a su país de origen en algún momento, a menudo por grandes acontecimientos de la vida, como la muerte de un familiar, y el reingreso los hace inelegibles.
Para María Zambrano, la posibilidad de que Trump gane las elecciones presidenciales y ponga fin a la política aumenta la urgencia.
“Tenemos que reaccionar lo antes posible y presentar la solicitud lo antes posible”, dijo el residente de 56 años de Bal Harbour, Florida.
Llegó a Estados Unidos desde Colombia en 2001 y no ha regresado. Trabaja como profesora de español y tiene su propia empresa. Hace siete años se casó con un ciudadano estadounidense y, al igual que García, solicitó un estatus legal, pero aún tiene que pasar una entrevista en un consulado estadounidense en Colombia.
Lleva más de dos años esperando esa cita. Ahora tiene la oportunidad de evitar el arriesgado viaje fuera de Estados Unidos.
Los inmigrantes que, a diferencia de García y Zambrano, no están en el radar del gobierno pueden temer el riesgo de presentar solicitudes, especialmente si Trump es presidente. Su administración sabría quiénes son y dónde están, dijo Charles Kuck, un abogado de inmigración con sede en Atlanta.
“¿Existe algún riesgo asociado con esto? Cien por ciento”, dijo Kuck.
Kuck dijo que este tipo de programa debería haberse puesto en marcha hace unos años, no meses antes de una elección. Aconseja a sus clientes que esperen a ver quién gana.
García y Zambrano ya están pensando en cómo esta oportunidad puede cambiar sus vidas.
García y su esposa, María, de 44 años, tienen una cita con su abogado de inmigración el día después de que el gobierno comience a aceptar solicitudes el lunes.
María, quien tuvo un accidente hace un año y no puede trabajar, dijo: “Mi mayor temor es que no pueda regresar”, si García viaja a Ciudad Juárez.
Como único sustentador de la familia y quien se encarga de cosas como llevar a los niños a la escuela, García dijo que no puede correr ese riesgo incluso si finalmente consiguiera una cita.
En cuanto a Zambrano, podrá viajar a su país para visitar a sus padres y hermanos, obtener una licencia de conducir, un seguro médico, una casa y tal vez hasta votar algún día.
García, quien dijo que paga impuestos desde 2010 y que está estudiando para obtener su licencia de contratista, también sueña con lo que puede hacer con una tarjeta verde. Su mayor preocupación es ir a México a ver a sus padres y siete hermanos por primera vez en 15 años.
“Son muchos años sin verlos, sin hablar con ellos cara a cara”, dijo García. “Intento no pensar en ello”.
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Santana informó desde Rocklin, California.
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