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Sentando las bases para el juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, un comité de la Cámara de Representantes escuchó el jueves a padres cuyo testimonio entre lágrimas buscaba vincular la política fronteriza del gobierno con la muerte de sus hijas y a un profesor de derecho que advirtió sobre el esfuerzo.
El presidente del comité, Mark Green, se encamina firmemente hacia una votación sobre el juicio político a Mayorkas a finales de mes, y programará una acción en el pleno de la Cámara tan pronto como en febrero, lo que sería la primera vez para un funcionario del gabinete en casi 150 años.
Green, un republicano de Tennessee, abrió la segunda audiencia de juicio político diciendo que “ningún estadounidense está a salvo” bajo el manejo de Mayorkas de la frontera entre Estados Unidos y México, con un número récord de cruces ilegales. Sostuvo que la “mala conducta atroz y el incumplimiento de su juramento” del secretario son motivo de juicio político.
Pero el principal demócrata del panel, Bennie Thompson de Mississippi, quien ha insistido repetidamente en que las diferencias políticas con el presidente Joe Biden no son motivos de impugnación, fue respaldado por uno de los testigos, la profesora de derecho de la Universidad de Princeton, Deborah Pearlstein.
“Las diferencias políticas, por profundas que sean, no son exactamente para lo que sirve el impeachment”, dijo Pearlstein.
Sostuvo que ninguna rama del gobierno estadounidense tiene más poder que el Congreso para establecer políticas y que, con años de inacción en materia de legislación fronteriza, esos poderes “han quedado sin uso”.
Los republicanos de la Cámara de Representantes han estado ansiosos por impugnar a Mayorkas desde que tomaron el control mayoritario el año pasado, particularmente porque sus esfuerzos para impugnar a Biden por los negocios de su hijo Hunter Biden se han estancado.
La aceleración de la acción en el nuevo año se produce cuando el enfoque en la seguridad fronteriza está impulsando el debate en la campaña electoral. Donald Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana, ha prometido lanzar la “mayor operación de deportación” en la historia de Estados Unidos si regresa a la Casa Blanca.
Biden le dijo al líder del Congreso esta semana durante una reunión en la Casa Blanca que quería un proyecto de ley de “gran seguridad fronteriza” mientras intenta que el Congreso concluya el trabajo sobre su paquete de seguridad nacional de 110 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y otras necesidades, incluida la Frontera México-Estados Unidos.
Los líderes, incluido el presidente Mike Johnson, se mostraron cautelosamente optimistas, mientras los líderes del Senado contemplan una posible votación sobre ese paquete la próxima semana.
Mayorkas ha estado profundamente involucrado en las negociaciones del Senado sobre el paquete de seguridad fronteriza, que potencialmente restringiría la entrada a Estados Unidos y deportaría más rápidamente a aquellas personas en el país sin documentación legal.
Pero horas después de la reunión en la Casa Blanca, Trump expresó su escepticismo hacia cualquier acuerdo fronterizo, “a menos que tengamos todo” para cerrar los cruces de migrantes, escribió en las redes sociales.
Mayorkas aún no ha comparecido ante el comité para el proceso de juicio político, pero ha estado presente en la reunión del Capitolio con un grupo bipartidista de senadores, incluso esta semana, mientras avanzan hacia un acuerdo de seguridad fronteriza.
Frustrado porque Mayorkas no comparecería el jueves, Green dijo que el secretario está “obstruyendo” al panel.
Pero el Departamento de Seguridad Nacional dijo que Mayorkas le dijo al comité que no estaba disponible el jueves pero que estaría dispuesto a aparecer en otras fechas. El departamento señaló que ha comparecido ante el Congreso más que cualquier otro miembro del gabinete de la administración Biden, incluidas 27 veces en 35 meses.
“Este es sólo el último ejemplo del proceso falso del Comité Republicano”, dijo la portavoz del departamento, Mia Ehrenberg. “Está muy claro que no están interesados en escuchar al secretario Mayorkas, ya que no encaja en su prisa de mala fe, predeterminada e inconstitucional por acusarlo”.
Una de los testigos, Josephine Dunn, testificó que su hija, Ashley, murió de una sobredosis de fentanilo y dijo que viajó desde Arizona para presentarse en la audiencia y tener la oportunidad de interrogar a Mayorkas.
“El señor Mayorkas es en parte responsable de la muerte de mi hija”, dijo, calificando al fentanilo de “arma de destrucción masiva”. “Espero que cualquier cosa que esté haciendo sea más importante que eso”.
Otra madre, Tammy Nobles, había testificado previamente ante el Congreso.
El representante Michael McCaul, republicano por Texas, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, compartió las experiencias de su propia familia con las vidas de sus amigos perdidas por las drogas y dijo que llevaría las historias de las madres a sus próximas reuniones con funcionarios de Estados Unidos y México.
“Este es el lado personal del caos”, afirmó. “Tiene que parar”.
Varios demócratas hablaron de sus propias preocupaciones con la situación en la frontera sur, particularmente porque los cárteles de la droga impulsan el flujo de fentanilo, incluso sin llegar a culpar a Mayorkas por la magnitud del problema.
“Vamos a unirnos”, imploró a sus colegas el representante Lou Correa, demócrata por California, señalando las batallas por la financiación federal que se avecinan esta primavera. “Aumentar recursos a la frontera”.
La representante Delia Ramírez, demócrata por Illinois, habló del dolor de los migrantes que huyen de sus países de origen e instó a los republicanos a sentarse a la mesa para proponer soluciones. “Trabaja con nosotros para aprobar legislación”, dijo.
El proceso de destitución de un secretario del gabinete ha ocurrido sólo una vez en la historia de la nación, cuando la Cámara de Representantes acusó al secretario de Defensa William Belknap en 1876 por sobornos en contratos gubernamentales.
No está claro si los republicanos, con sólo una mayoría muy estrecha en la Cámara, seguirán adelante con el juicio político si no cuentan con suficiente apoyo de sus filas. Hasta ahora, un puñado de republicanos expresaron reservas, pero algunos que inicialmente votaron a favor de archivar la cuestión han indicado que están más dispuestos a proceder.
Si Mayorkas fuera acusado, los cargos irían a juicio en el Senado, donde se necesita una supermayoría para declarar culpable. En el juicio político a Belknap, fue absuelto.
