EFE.
El gobierno de Estados Unidos está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Supremo para defender una norma que restringe el acceso al asilo en la frontera sur, señaló un funcionario de alto rango en una entrevista con EFE.
La legalidad de esta regla, que entró en vigor el pasado mayo, está siendo cuestionada ante un juez en California, quien anteriormente falló en contra de restricciones similares impuestas por el gobierno del expresidente Donald Trump (2019-2021).
“Estamos dispuestos y listos para pelear en contra de una decisión adversa y de llegar a la Corte Suprema si fuese necesario”, aseguró a EFE Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El juez Jon S. Tigar, del Distrito Norte de California, ya adelantó que decidirá esta semana si deroga o no la norma, que califica como “no aptos” para solicitar asilo a quienes crucen de manera irregular la frontera y no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos.
La demanda ante el magistrado Tigar fue presentada por varios grupos en defensa de los migrantes, entre ellos la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), los cuales argumentan que la norma va en contra de las leyes estadounidenses y pone en riesgo la vida de quienes desean pedir asilo.
Nuñez-Neto defendió la decisión de su gobierno de imponer las restricciones.
“Tenemos un compromiso para lidiar contra el reto que hay en la frontera dentro de nuestras autoridades legales”, subrayó el funcionario.
Esta controvertida regla reemplazó el llamado Título 42, una normativa sanitaria, heredera del gobierno del expresidente Trump que permitía las devoluciones inmediatas a la frontera con México.
Desde que las restricciones al asilo entraron en vigor, el número de detenciones de migrantes en la frontera se ha ido reduciendo paulatinamente.
En junio pasado, el primer mes completo desde que se implementaron las medidas, el número de detenciones cayó a los niveles de febrero de 2021 con 99,545 migrantes arrestados por las autoridades, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Centros para movilidad humana, en una pausa “programada”
El gobierno ha reducido considerablemente el número de cruces irregulares a la imposición de estas nuevas medidas, junto con la expansión de vías legales para migrar hacia Estados Unidos.
Entre ellas está la creación de unos centros para procesar casos migratorios en Colombia, Guatemala y Costa Rica, anunciada el pasado mes de abril, pero su funcionamiento en cuanto a las solicitudes que llegan por su página web se encuentran cerradas temporalmente.
El funcionario aseguró además que durante el periodo de tiempo que las solicitudes de cita estuvieron disponibles, los centros-operados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)- recibieron aplicaciones que ya están siendo tramitadas por Estados Unidos.
Otra de las vías legales que han sido promocionadas por el gobierno en su estrategia por reducir la migración irregular es un permiso humanitario por dos años para las personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Bajo este permiso han entrado al país más de 158 mil personas desde octubre del año pasado, señaló Nuñez-Neto, quien destacó que el programa ha tenido una demanda realmente fuerte.
En concreto, destacó el funcionario, 50 mil haitianos, 50 mil venezolanos, 35 mil 800 cubanos y 23 mil nicaragüenses han entrado a Estados Unidos con este “parole”, como se llama en inglés, que les concede un permiso de trabajo por 2 años.
