Turnan a la Asamblea General de la ONU el caso de desapariciones forzadas en México.

Juan Pablo Albán, presidente del Comité, reconoció los avances normativos e institucionales del país, pero afirmó que su posición responde a un análisis riguroso en aplicación de la Convención.

El caso de la crisis de desaparecidos en México ya fue turnado a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del secretario general, informó Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED).

A través de una publicación en redes sociales, destacó los avances normativos e institucionales del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero señaló que estos han sido insuficientes y se mantienen los desafíos para atender el fenómeno.

“La posición del Comité responde a un análisis riguroso en aplicación de la Convención. En ese marco, la decisión adoptada ha sido elevada a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que corresponderá pronunciarse”, escribió Albán.

Asimismo, puntualizó que el objetivo de las instancias de la ONU y de los países debe ser fortalecer la respuesta estatal con el acompañamiento internacional necesario en beneficio de las víctimas.  

El anuncio se da tras la visita de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a México; en su conferencia final, afirmó que la impunidad es el problema más recurrente señalado por víctimas, buscadoras y organizaciones.

“Se exige que cese la impunidad, que se haga justicia por los crímenes cometidos y que existan procesos efectivos de rendición de cuentas, que incluyan el reconocimiento del dolor, la reparación del daño y garantías de no repetición”, relató.

La decisión de llevar el tema de los desaparecidos en México a la Asamblea General se da a pesar de la negativa del gobierno de Sheinbaum a reconocer las conclusiones del informe de la CED. 

Cabe recordar que el documento publicado a principios de mes señaló que “hay indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad“.

Sin embargo, el gobierno mexicano ha alegado que estos casos no deben considerarse desapariciones forzadas porque son perpetrados por grupos delictivos y no por agentes del Estado.