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El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema que le permita poner fin a la libertad condicional humanitaria para cientos de miles de inmigrantes de cuatro países, exponiéndolos a una posible deportación.
La apelación de emergencia pide a los jueces que detengan una orden de un tribunal inferior que mantiene vigente el estatus legal temporal para más de 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La administración republicana sostiene que la decisión invade indebidamente la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional.
“El tribunal de distrito ha anulado una de las decisiones más importantes de la administración en materia de política migratoria”, escribió el Procurador General John Sauer.
La orden de la jueza federal de distrito Indira Talwani en Boston impidió que la administración Trump pusiera fin anticipadamente al estatus legal temporal de los migrantes. Su fallo, emitido a mediados de abril, se produjo poco antes de la fecha prevista para la cancelación de sus permisos, lo que los expuso a la expulsión del país.
Talwani, quien fue designada por el presidente demócrata Barack Obama, afirmó que las personas incluidas en el programa se enfrentaban a la opción de “huir del país” o quedarse y “arriesgarse a perderlo todo”. Añadió que la explicación del gobierno para la cancelación del programa se basaba en una interpretación incorrecta de la ley.
Sauer argumentó que, en cambio, la jueza se equivocó en cuanto a la ley, incluyendo su conclusión de que cualquier revocación de la libertad condicional debe hacerse caso por caso. Argumentó que la finalización anticipada del programa permite al gobierno federal expulsar a personas del país con mayor rapidez, en consonancia con los objetivos políticos de la administración Trump.
Este caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que la administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración. La semana pasada, el gobierno solicitó a la corte que retirara las protecciones legales temporales a 350.000 venezolanos, y continúa enfrascado en batallas legales por sus esfuerzos para deportar rápidamente a personas acusadas de ser pandilleros a una prisión en El Salvador, en virtud de una ley de guerra del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
Trump prometió durante la campaña electoral deportar a millones de personas que se encuentran en el país sin documentos. Su administración también ha buscado desmantelar las políticas de la administración demócrata del presidente Joe Biden que crearon nuevas formas de residencia legal en Estados Unidos, generalmente durante dos años con autorización de trabajo.
Biden utilizó la libertad condicional humanitaria más que cualquier otro presidente, empleando una autoridad presidencial especial vigente desde 1952. Entre los beneficiarios se incluyen más de 500.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que volaron a Estados Unidos con patrocinadores financieros con permisos de dos años desde finales de 2022, con autorización para trabajar.
Los defensores han calificado la decisión de la administración Trump de poner fin al programa como “sin precedentes” y argumentaron que violaba la normativa federal.
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El escritor de Associated Press Elliot Spagat en San Diego contribuyó a este informe.
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