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Ocho meses después de cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos, una pareja de veintitantos años se sentó en un tribunal de migración en Miami con sus tres hijos pequeños. A través de un intérprete, pidieron a un juez que les diera más tiempo para encontrar un abogado que les ayudara a solicitar asilo y no ser deportados de regreso a Honduras, donde las pandillas los amenazaban.
La jueza Christina Martyak aceptó una prórroga de tres meses y remitió a Aarón Rodriguez y Cindy Baneza a la asistencia jurídica gratuita proporcionada por la Arquidiócesis Católica de Miami en el mismo tribunal, y su caso es aún uno de los 3 millones sin precedentes que en este momento siguen pendientes en los tribunales de migración de todo Estados Unidos.
Impulsada por aumentos récord en el número de migrantes que buscan asilo tras ser detenidos por cruzar la frontera, la acumulación de casos en los tribunales ha aumentado en más de un millón durante el último año fiscal y es ahora el triple de lo que era en 2019, según datos del gobierno compilados por la Transactional Records Access Clearinghouse (Oficina de Información de Acceso a Registros Transaccionales) de la Universidad de Syracuse.
A jueces, abogados y defensores de los migrantes les preocupa que esto esté haciendo inviable un sistema ya saturado porque suelen requerirse varios años para otorgar a los solicitantes de asilo una nueva vida estable y deportar a quienes no tienen derecho a permanecer en el país.
“A veces ya las esperanzas se hunden”, dijo Mayra Cruz luego de que Martyak también concediera una prórroga a su caso porque la migrante peruana no tiene abogado.
“Pero aquí me he sentido más tranquila”, agregó Cruz, quien dijo que tuvo que huir sólo “con lo puesto que teníamos” junto con su pareja y sus hijos tras repetidas amenazas de las pandillas.
Alrededor de 261 mil casos de migrantes que enfrentan procedimientos de deportación están pendientes en el tribunal de Miami, la lista de casos más grande del país. Esto es más o menos lo mismo que los que estaban pendientes en todo el país hace una docena de años, dijo Austin Kocher, profesor de la Universidad de Syracuse.
La acumulación de casos incluye a migrantes que han estado en Estados Unidos por décadas y fueron detenidos por cargos no relacionados, pero la mayoría son nuevos solicitantes de asilo que declaran temor a la persecución si son deportados, agregó.
Los tribunales con casos acumulados, administrados por el Departamento de Justicia, a menudo reciben poca atención en los debates sobre migración, incluidas las actuales negociaciones en el Senado sobre la propuesta de 110 mil millones de dólares del gobierno del presidente Joe Biden, las cuales vinculan la ayuda a Ucrania e Israel con el asilo y otros cambios en la política fronteriza.
Cuando las autoridades estadounidenses detienen a los migrantes en la frontera, muchos son liberados con un registro de su detención e instrucciones de comparecer ante el tribunal de la ciudad a la que se dirigen. Esa información se transmite desde el Departamento de Seguridad Nacional al Departamento de Justicia, cuya Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Migración dirige los tribunales para que pueda programarse una audiencia inicial.
“Simplemente, están siendo liberados sin tener idea de lo que vendrá después”, dijo Randy McGrorty, director ejecutivo de Catholic Legal Services (Servicios Legales Católicos) de la Arquidiócesis de Miami, quien ha visto a cientos de miles de migrantes unirse a sus comunidades de la diáspora.
Son tantos los migrantes que acuden a ellos en busca de consejo legal que desde hace dos años les enseñan principalmente cómo realizar ellos la petición y representarse a sí mismos ante los jueces.
“Les ayudamos a entender qué quieren los jueces, y ayudamos a los jueces con la eficiencia y a preservar los derechos fundamentales”, dijo Miguel Mora, abogado supervisor de Servicios Legales Católicos en Miami.
Los defensores dicen que la mayoría de los migrantes piden representación legal individual —algo que se vuelve cada vez más raro dado el enorme número— y cómo obtener permisos de trabajo, que pueden solicitar durante 150 días después de presentar su solicitud de asilo.
Es un círculo vicioso: sin un trabajo regular, la mayoría no puede permitirse ni siquiera un abogado de honorarios bajos, por lo que sus casos pueden tardar aún más.
“No contamos con el dinero”, dijo Rodriguéz, de 23 años, a la jueza Martyak, quien ya les había concedido una prórroga por no tener abogado en una audiencia anterior, mientras su pareja mecía la carriola donde dormía su bebé nacido en Estados Unidos. Huyeron de Honduras después de que la pandilla que había matado al padre del hijo mayor de Baneza los amenazara con más violencia, a menos que comenzaran a pagarle con las escasas ganancias de su tortillería.
