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La Corte Suprema anunció el viernes que desistirá de bloquear una norma del gobierno de Estados Unidos que da prioridad a la deportación de migrantes que representen el mayor peligro para la seguridad pública o hayan sido capturados en la frontera.
Los jueces desestimaron un recurso de estados gobernados por republicanos contra una norma que, de acuerdo con el gobierno, reconoce que no hay dinero ni personal suficiente para deportar a las 11 millones de personas que se encuentran sin autorización legal en el país.
Los estados habían argumentado que la ley federal de migración obliga a las autoridades a detener y deportar incluso a aquellos que significan escaso o ningún riesgo.
Una directiva del Departamento de Seguridad Nacional de septiembre de 2021 detenía las deportaciones, salvo en casos de individuos que hubiesen cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas graves a la seguridad pública”.
La directiva, que corresponde a la presidencia de Joe Biden, actualizaba una de la presidencia de Donald Trump que ordenaba deportar a las personas que se encontraban en el país sin autorización, cualesquiera que fuesen sus antecedentes penales o lazos con la comunidad.
Texas y Luisiana habían demandado las políticas de deportación de Biden, emitidas en febrero de 2021, que instruyen a la agencia del Gobierno encargada de aplicar las leyes migratorias a dar prioridad a la hora de arrestar y deportar a los migrantes que sean considerados como una amenaza para la seguridad nacional, quienes hayan cruzado recientemente la frontera de manera irregular o los que hayan cometido ciertos crímenes graves.
Los estados demandantes aseguraban que la directriz es ilegal, ya que, por ley, el servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene el deber de detener a todos los migrantes indocumentados que hayan cometido crímenes o tengan órdenes finales de deportación.
Según el fallo dado a conocer hoy, redactado por el juez conservador Brett Kavanaugh, los impugnadores no tienen capacidad legal para demandar por el plan y esta fue una demanda “extraordinariamente inusual” porque buscaba “ordenar al poder ejecutivo que modifique sus políticas de arresto para realizar más arrestos”.
Los tribunales federales, añadió, “normalmente no escuchan tales casos” pues hay “otros foros que permanecen abiertos” para que los estados expresen sus preocupaciones.
Después de que Biden promulgara esta regulación, que impone normas diferentes a las dictadas por su antecesor Donald Trump, Texas y Luisiana impugnaron de inmediato el plan en los tribunales.
Con información de EFE y AP
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