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El gobierno de Trump puede dejar de aprobar el ingreso de nuevos refugiados a Estados Unidos, pero tiene que permitir el ingreso de personas que fueron aceptadas condicionalmente antes de que el presidente suspendiera el sistema de admisión de refugiados del país, dictaminó el martes un tribunal de apelaciones.
La orden limitó un fallo de un juez federal en Seattle que encontró que el programa debía reiniciarse.
El panel de tres jueces del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos dijo que el presidente tiene el poder de restringir el ingreso de personas al país, señalando un fallo de la Corte Suprema de 2018 que confirmó la prohibición del presidente Donald Trump de viajar desde varios países mayoritariamente musulmanes durante su primer mandato.
Los jueces concluyeron que a los refugiados que fueron aprobados condicionalmente por el gobierno antes de la orden de Trump de detener el programa de refugiados aún se les debería permitir reasentarse.
El panel falló sobre una apelación de emergencia de un fallo del juez federal de distrito Jamal Whitehead, quien encontró que la autoridad del presidente para suspender las admisiones de refugiados no es ilimitada y que Trump no puede anular la ley aprobada por el Congreso que establece el programa.
Whitehead señaló informes de refugiados varados en lugares peligrosos, familias separadas de sus parientes en Estados Unidos y personas que vendieron todas sus posesiones para viajar a Estados Unidos y luego cancelar sus viajes.
Melissa Keaney, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, aplaudió las partes de la orden que el tribunal de apelaciones dejó intactas.
“Acogemos con satisfacción este continuo alivio para decenas de miles de refugiados que ahora tendrán la oportunidad de reiniciar sus vidas en Estados Unidos”, afirmó.
Whitehead, quien fue nominado por el presidente demócrata Joe Biden, también emitió una segunda orden el martes bloqueando la cancelación de los contratos de reasentamiento de refugiados.
La orden de Trump estipulaba que el programa de refugiados —una forma de migración legal a Estados Unidos para personas desplazadas por guerras, desastres naturales o persecución— se suspendería debido a que las ciudades y comunidades se habían visto afectadas por “niveles récord de migración” y no tenían la capacidad de “asimilar grandes cantidades de migrantes, y en particular, de refugiados”. Según el gobierno, 600.000 personas en todo el mundo están siendo procesadas para ingresar a Estados Unidos como refugiados.
El Departamento de Justicia argumentó que la orden estaba dentro de la autoridad de Trump.
A pesar del apoyo constante de los dos principales partidos políticos a la aceptación de refugiados tras una rigurosa investigación, el programa se ha politizado en los últimos años. Trump también lo suspendió temporalmente durante su primer mandato y luego redujo drásticamente el número de refugiados que podían entrar a Estados Unidos cada año.
Los demandantes dijeron que el presidente no había demostrado cómo la entrada de estos refugiados sería perjudicial para Estados Unidos.
Entre ellos se encuentran el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados en nombre del Servicio Mundial de Iglesias, la agencia de reasentamiento de refugiados judíos HIAS, los Servicios Comunitarios Luteranos del Noroeste y refugiados individuales y sus familiares. Afirmaron que su capacidad para brindar servicios esenciales a los refugiados, incluidos aquellos que ya se encuentran en Estados Unidos, se ha visto gravemente afectada por la orden de Trump.
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