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Un tribunal federal de apelaciones se negó el miércoles a levantar una orden que prohíbe al gobierno de Trump deportar a migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
Un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó una orden del 15 de marzo que prohíbe temporalmente las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Invocando la ley por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la administración del presidente Donald Trump deportó a cientos de personas bajo una proclamación presidencial que calificaba a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora.
El Departamento de Justicia apeló después de que el juez de distrito estadounidense James Boasberg bloqueara más deportaciones y ordenara que aviones llenos de inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Eso no sucedió.
Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentaron la demanda en nombre de cinco ciudadanos venezolanos no detenidos en Texas.
El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de una creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales.
Boasberg, juez principal del tribunal federal de distrito en Washington, se ha comprometido a determinar si el gobierno desacató su orden de deportar los aviones. La administración ha invocado el “privilegio de secreto de estado” y se ha negado a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.
Trump y sus aliados han pedido el impeachment de Boasberg. En una inusual declaración, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, afirmó que «el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial».
La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o de un tribunal federal.
Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos pandilleros. Su fallo afirmó que existe “un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas con base en categorías que no tienen derecho a impugnar”.
La apelación fue escuchada por la jueza Patricia Millett, quien fue nominada por el presidente demócrata Barack Obama; el juez Justin Walker, quien fue nominado por Trump en 2020; y la jueza Karen LeCraft Henderson, quien fue nominada por el presidente republicano George HW Bush en 1990.
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