Texas Tribune.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton , presentó una demanda el martes contra la administración de Biden, alegando que un nuevo programa de inmigración que el presidente anunció el mes pasado que permitiría que 360.000 personas al año de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen al país es ilegal.
Texas, que lidera una coalición de 20 estados, presentó la demanda en un tribunal de distrito federal en Victoria.
El mes pasado, Biden y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., Alejandro Mayorkas, anunciaron un programa de libertad condicional que permitiría a 30,000 personas por mes ingresar legalmente a los EE. UU. desde los cuatro países si solicitan desde sus países de origen, pasan una verificación de antecedentes y demuestran que tienen patrocinador financiero en los EE. UU.
Si son aprobados, pueden permanecer en el país hasta por dos años y obtener un permiso de trabajo. Una vez en el país, podrían solicitar asilo.
Como parte del plan, la administración de Biden también comenzó a usar la orden de salud de emergencia conocida como Título 42 para expulsar a la misma cantidad de migrantes de esos cuatro países a México si intentan ingresar ilegalmente a los EE. UU. Según el Departamento de Seguridad Nacional, México acordó aceptar hasta 30,000 migrantes al mes de esos países bajo el Título 42.
La demanda dice que el programa de libertad condicional se inspiró en el mismo programa que permitió a los ucranianos ingresar a los EE. UU. después de la invasión rusa en febrero de 2022. Pero el último programa de libertad condicional no cumple con los criterios para que sea legal, afirma la demanda.
“El programa de libertad condicional establecido por el Departamento falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es por razones humanitarias urgentes y no promueve ningún beneficio público significativo”, dice la demanda.
Muchas personas que salen de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela huyen de la inestabilidad política y la violencia de las pandillas locales. Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a los países y a algunos de sus líderes políticos , acusando a sus gobiernos de abusos contra los derechos humanos y corrupción política.
Texas ha presentado más de 20 demandas en un tribunal federal contra la administración de Biden, muchas de ellas relacionadas con las políticas de inmigración del presidente. La mayoría de las demandas se han presentado en tribunales supervisados por jueces designados por Trump.
La oficina de Paxton ha logrado detener temporalmente algunas de las políticas de inmigración de la administración Biden. Más recientemente, Texas se unió a una demanda encabezada por Arizona que obligó a la administración a continuar haciendo cumplir el Título 42, que la administración Trump invocó en marzo de 2020 cuando la pandemia de COVID-19 comenzó a expulsar a los migrantes a México sin permitirles solicitar asilo.
